El Gobierno regional ha firmado un protocolo de colaboración con Aragón y las universidades de Castilla-La Mancha y Zaragoza para fomentar la profesionalización de los empleados públicos en el ámbito de la contratación en las administraciones autonómicas. Este acuerdo fue formalizado por Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha; Roberto Bermúdez, consejero de Hacienda, Interior y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; y José Antonio Mayoral, representante de la Universidad de Zaragoza.
El propósito principal del protocolo es establecer un marco que facilite la colaboración entre las partes para llevar a cabo acciones concretas que mejoren las competencias profesionales relacionadas con la contratación pública. Se busca así elevar el nivel general de cualificaciones y conocimientos entre aquellos que desempeñan funciones en este ámbito.
Objetivos del protocolo para mejorar la capacitación profesional
Entre las acciones previstas se incluye el diseño y desarrollo de una matriz de competencias para los profesionales del sector, alineada con el marco europeo PROCURCOMP. También se contempla la creación de un itinerario formativo flexible destinado a optimizar la capacitación del personal público involucrado en procesos de contratación.
Además, se tiene como meta establecer un sistema seguro y transferible de certificación mediante microcredenciales digitales que avalen los resultados formativos. Otro aspecto relevante es la promoción de herramientas independientes para evaluar y certificar competencias, así como fomentar la colaboración entre administraciones públicas y universidades para crear un marco común en esta área.
Ejecución y seguimiento del convenio firmado
Para asegurar el cumplimiento del protocolo, se formará un grupo de trabajo compuesto por personal especializado designado por las partes firmantes. Este equipo será responsable del seguimiento del acuerdo y evaluará las propuestas más adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos.
Este protocolo interinstitucional está abierto a otras comunidades autónomas interesadas en participar. Su implementación se llevará a cabo mediante convenios específicos que desarrollen programas concretos, tendrá una vigencia anual con posibilidad de prórroga, salvo que alguna parte exprese su intención contraria.
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