Catalunya propone un nuevo enfoque para las reclamaciones de servicios básicos. El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, junto al director de l’Agència Catalana del Consum, Isidor Garcia, ha presentado al ministro Bustinduy un proyecto que busca modificar el sistema de arbitraje de consumo. Esta iniciativa tiene como objetivo que las reclamaciones relacionadas con servicios esenciales se resuelvan obligatoriamente a través de vías extrajudiciales.
La propuesta surge en el marco de la 32a Conferència Sectorial de Consum, donde se discute la colaboración entre la Administración del Estado y las administraciones autonómicas. La intención es crear mecanismos que sean sencillos, rápidos y gratuitos para resolver disputas, garantizando así los derechos de los consumidores en sus interacciones comerciales.
Un cambio necesario en el arbitraje de consumo
Actualmente, el arbitraje de consumo se basa en la voluntariedad, lo que significa que tanto las empresas como los consumidores deben aceptar este proceso. Esto ha llevado a que muchas personas no tengan más opción que recurrir a la vía judicial para resolver sus reclamaciones, especialmente cuando estas son de cuantía moderada.
El proyecto propuesto por l’Agència Catalana del Consum se enfoca en los servicios básicos, dado su uso generalizado y el elevado índice de conflictos asociados. La legislación vigente reconoce una protección especial para los consumidores en contratos relacionados con estos servicios, considerados esenciales para la vida diaria. Entre ellos se incluyen suministros como electricidad, agua y gas, así como servicios de transporte, comunicaciones, asistencia sanitaria y seguros.
Asegurando derechos fundamentales
Esta modificación busca asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a soluciones efectivas sin tener que enfrentarse a procesos judiciales prolongados. Con esta propuesta, Catalunya pretende no solo mejorar la experiencia del consumidor sino también fomentar un entorno más justo y equitativo en el ámbito del consumo.