El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) llevó a cabo una sesión plenaria extraordinaria con el objetivo de analizar la reciente reforma de la Ley 11/2003, de 4 de abril, que regula los Consejos Sociales y la Coordinación del Sistema Universitario en Canarias. Esta modificación legislativa refuerza el papel de los Consejos Sociales como un vínculo esencial entre la universidad pública y la sociedad, estableciendo un nuevo marco para fomentar la participación ciudadana en el ámbito universitario canario.
La reforma fue aprobada tras un proceso de diálogo y consenso entre diversos grupos parlamentarios, así como con la activa participación de la comunidad universitaria. Se busca alinear las universidades públicas con las necesidades reales de la sociedad, reconociendo y reforzando el papel de los Consejos Sociales como canales legítimos para la participación ciudadana. Esto permitirá que la sociedad, principal sostén de las universidades, se involucre más activamente en su desarrollo.
Compromiso con una Universidad Abierta y Participativa
Durante esta sesión, Ana Suárez, presidenta del Consejo Social de la ULPGC, enfatizó la importancia de esta modificación legislativa para el futuro de la universidad pública. Según Suárez, “esta ley nos permite construir una universidad más abierta, más transparente y participativa, en constante diálogo con la sociedad”. Además, destacó que “el Consejo Social es el puente que conecta las necesidades de los ciudadanos con el talento y el conocimiento que genera nuestra universidad”. La presidenta también subrayó que “la reforma respeta estrictamente la autonomía universitaria”, aclarando que no busca desplazar a los órganos de gobierno en sus competencias académicas y de investigación, sino apoyar su labor mientras fortalece su conexión con la realidad social y cultural del archipiélago.
Suárez añadió que “el nuevo papel que nos asigna la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) nos compromete a velar por la integridad académica y la ética”, reforzando así nuestra responsabilidad como garantes de una universidad pública que actúe conforme a altos estándares de calidad y compromiso social.
Un Marco Normativo Compartido para el Futuro
El proceso legislativo ha sido caracterizado por una escucha activa e integración de diversas perspectivas durante el último año. Este esfuerzo ha dado lugar a un marco normativo compartido que promueve una universidad comprometida con el desarrollo sostenible. “Estamos ante una oportunidad única para renovar nuestra misión universitaria y consolidar su rol como motor de transformación”, destacó Suárez.
La presidenta reafirmó su compromiso: “Desde hoy renovamos nuestro compromiso para que la ULPGC siga siendo un pilar fundamental para el futuro”. Con esta reforma, se espera que la ULPGC se posicione como un agente aún más relevante en respuesta a los desafíos presentes y futuros, promoviendo una mayor implicación social.
Por su parte, LLuís Serra, Rector de la ULPGC, reiteró el compromiso constante de la Universidad con su entorno social. Destacó además la colaboración continua con el Consejo Social: “Antes de aprobar esta nueva ley, constituimos una comisión antifraude en esta Universidad”. Serra expresó su convicción respecto a que “con esta nueva Ley, el Consejo Social defenderá unánimemente a la universidad pública canaria frente a las privadas”.
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