El nuevo Strong Borders Act (Proyecto de Ley C-2) establece un endurecimiento en las normas de asilo, generando preocupaciones legales y humanitarias, mientras expertos advierten sobre un cambio radical en los caminos para refugiados en Canadá.
Este proyecto de ley, presentado en la Cámara de los Comunes el 3 de junio de 2025, busca mejorar la integridad fronteriza al otorgar a las autoridades mayores poderes de aplicación, lo que incluye:
- Denyendo audiencias de refugio a solicitantes que hayan estado en Canadá más de un año (aplicado retroactivamente a quienes llegaron después de junio de 2020) y exigiendo que las solicitudes realizadas tras cruzar desde EE. UU. por rutas «irregulares» se presenten dentro de los 14 días o enfrentarán exclusión.
- Permitiendo al gobierno cancelar, suspender o modificar documentos o solicitudes de inmigración en interés público.
- Ampliando capacidades de vigilancia, intercambio de información, aplicación de la ley e inspección del correo.
Críticas y preocupaciones sobre el Proyecto C-2
Grupos de derechos civiles e inmigración, como Amnistía Internacional, la Migrant Rights Network y el Council for Refugees, han expresado su preocupación por que el Proyecto C-2 pueda violar los compromisos humanitarios de Canadá y la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Los críticos argumentan que esta legislación suprime el debido proceso y pone en peligro a individuos vulnerables.
El consultor senior en inmigración Luai Walid El Haj ofrece una perspectiva crítica: “Las restricciones del Proyecto C-2 sobre los caminos hacia el asilo arriesgan socavar el liderazgo humanitario de Canadá y pueden empujar a los refugiados hacia un limbo peligroso. Los riesgos legales—particularmente respecto a la aplicación retroactiva y los derechos bajo la Carta—son profundos. Desde un punto de vista político, este proyecto señala una recalibración de las normas sobre refugiados y humanitarias en la era posterior a Trump.”
Cambio significativo en la política migratoria canadiense
El Haj destaca que este cambio podría redefinir las rutas para refugiados, empujando las solicitudes de asilo hacia canales más arriesgados y enfatizando evaluaciones previas a la remoción sobre audiencias completas—lo que potencialmente disminuiría las posibilidades de protección y transformaría fundamentalmente el sistema canadiense para refugiados.
A medida que este proyecto avanza, se intensifica el debate sobre sus implicaciones tanto legales como humanitarias, marcando un momento crucial en la política migratoria canadiense.
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