Un reciente informe del Bonavero Institute of Human Rights de la Universidad de Oxford advierte sobre el impacto negativo que tiene la cobertura mediática engañosa en el debate público sobre la inmigración y los derechos humanos. El estudio titulado La Convención Europea de Derechos Humanos y el Control de Inmigración en el Reino Unido: Informando el Debate Público, revela que la representación errónea de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) en los informes sobre casos de deportación, especialmente aquellos que involucran a delincuentes extranjeros, contribuye a malentendidos que pueden socavar la confianza en el sistema legal.
El análisis realizado muestra que una gran mayoría de los artículos relacionados con la CEDH publicados en el Reino Unido durante la primera mitad de 2025 se centraron en temas de inmigración y deportación. Se identificaron frecuentes errores en la cobertura de casos ante tribunales de inmigración, así como caracterizaciones inexactas del sistema británico de apelaciones migratorias y del papel que desempeña la CEDH en este contexto. Este informe busca apoyar un debate público informado al identificar y abordar estas confusiones.
“Los políticos, periodistas y comentaristas pueden tener opiniones legítimamente diferentes sobre inmigración y derechos humanos. Pero tergiversar cómo opera la ley es perjudicial para el público. La evidencia debería ser la base de cualquier debate, independientemente del punto de vista que se tenga sobre las cuestiones políticas.” Profesor Ba?ak Çal?, Bonavero Institute of Human Rights
Análisis crítico del informe sobre derechos humanos e inmigración
Coescrito por Victoria Adelmant, investigadora doctoral en la Universidad de Oxford, junto con la profesora Alice Donald de Middlesex University London y el profesor Ba?ak Çal?, el estudio llevó a cabo una revisión sistemática de informes mediáticos que mencionaban la CEDH entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, analizando un total de 379 historias noticiosas y artículos de opinión.
Aproximadamente el 75% de estos reportes mediáticos se enfocaron en el papel de la CEDH en el control migratorio, particularmente en las apelaciones realizadas por delincuentes extranjeros contra órdenes de deportación. El informe destaca varios ejemplos prominentes de cobertura engañosa, incluyendo un caso conocido como ‘el caso de los nuggets’ – ampliamente reportado como un impedimento a la deportación debido a que un individuo no quería que su hijo comiera comida extranjera, aunque esta decisión no fue basada en ese detalle y ya había sido revocada.
“Nuestros hallazgos muestran que gran parte del debate público sobre la CEDH y la inmigración no está fundamentado en reportes precisos. Para un debate tan importante, es esencial que los argumentos se basen en evidencia y un correcto entendimiento de la ley. Sin esto, se pone en riesgo la confianza pública en el estado de derecho.” Profesora Alice Donald
Consecuencias reales del malentendido mediático
A pesar del enfoque político y mediático hacia los casos involucrando a delincuentes extranjeros, el informe subraya que las apelaciones exitosas basadas en derechos humanos contra deportaciones son raras. Los datos más recientes del Ministerio del Interior indican que durante los 15 meses hasta junio de 2021, solo un 0.73% del total de sentencias contra delincuentes extranjeros resultaron en apelaciones exitosas basadas en derechos humanos.
En un periodo cinco años hasta junio de 2021, las apelaciones exitosas representaron aproximadamente un 3.5% del total de deportaciones; esta cifra se reduce al 2.5% si se consideran únicamente aquellas apelaciones fundamentadas en razones privadas o familiares. Estos números podrían ser sobreestimados ya que no incluyen casos posteriormente anulados por el Tribunal Superior.
“La ausencia de datos publicados sistemáticamente por parte del Ministerio del Interior sobre apelaciones basadas en derechos humanos dificulta tener una discusión plenamente informada sobre este tema.” Victoria Adelmant
El informe aclara que la CEDH no otorga a los no ciudadanos un derecho a residir en el Reino Unido; cada estado tiene libertad para establecer sus propias políticas migratorias. En casos de deportación, generalmente se invocan dos disposiciones: el Artículo 3 (prohibición a torturas o tratos inhumanos) o el Artículo 8 (protección a la vida privada y familiar).
Dificultades legislativas y percepciones erróneas
A pesar del interés mediático por las apelaciones basadas en el Artículo 8 para evitar deportaciones, estas están fuertemente restringidas por legislación parlamentaria. Según las leyes británicas, las órdenes de deportación son obligatorias para delincuentes extranjeros condenados a más de 12 meses; las excepciones solo aplican bajo circunstancias muy limitadas.
El informe también demuestra lo infrecuente que es recibir juicios desfavorables por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino Unido; desde 1980 solo ha habido 13 casos donde se ha fallado contra UK respecto a decisiones relacionadas con inmigración.
Sugerencias acerca de cómo el Tribunal Europeo “obstaculiza” los esfuerzos británicos para controlar la inmigración no resisten un análisis riguroso.
El documento advierte que las confusiones acerca de los casos ante tribunales, así como sobre el sistema británico y su relación con la CEDH, tienen consecuencias reales: una cobertura sensacionalista puede alimentar hostilidad hacia los migrantes y hacia las leyes relacionadas con derechos humanos. Como han señalado jueces senior, esto incluso puede poner en riesgo la seguridad personal del poder judicial.
Llamado a una discusión informada basada en hechos precisos
Bonavero Institute of Human Rights concluye que propuestas hechas por algunos comentaristas y políticos para limitar la participación del Reino Unido en la CEDH están basadas más bien en malentendidos que reflejan una imagen clara sobre cómo se aplica realmente esta ley.
Aunque es inevitable que el debate sobre inmigración y derechos humanos implique juicios políticos, es fundamental llevarlo a cabo basado en hechos precisos. El informe completo está disponible para consulta pública como recurso destinado a fomentar discusiones informadas y equilibradas.
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