En Italia, las solicitudes de suicidio asistido están en aumento, pero el país se encuentra sumido en un vacío normativo que deja a ciudadanos e instituciones sin un camino claro. Esta situación ha sido documentada en un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychiatry, realizado por Emanuela Turillazzi y Naomi Iacoponi de la Universidad de Pisa, junto con Donato Morena y Vittorio Fineschi de la Sapienza Universidad de Roma. El informe revela un sistema donde las demandas de los pacientes aumentan, mientras que las respuestas del Servicio Nacional de Salud son fragmentarias y, a menudo, contradictorias.
Desde 2019, año en que la Corte Constitucional estableció las condiciones bajo las cuales la ayuda al suicidio puede considerarse no punible, se han registrado 51 solicitudes formales en Italia. Sin embargo, el proceso no está garantizado: muchas empresas sanitarias no aplican uniformemente las directrices establecidas por la Consulta, generando retrasos o incluso negándose a proceder. Esto obliga a los enfermos a iniciar acciones legales para hacer valer sus derechos. Como señalan los autores del estudio, el derecho reconocido por la Corte frecuentemente permanece como una mera teoría.
Aumento de solicitudes y falta de regulación clara
En este contexto incierto, la Toscana se convirtió en la primera región en aprobar una normativa integral en marzo de 2025 que define plazos, procedimientos y responsabilidades para evaluar las solicitudes. Esta decisión fue rápidamente impugnada por el Gobierno, que argumentó que solo el Parlamento debería regular esta materia. El resultado es un conflicto institucional que añade más incertidumbre a una cuestión ya compleja.
El estudio también reconstruye casos significativos en la historia reciente del final de la vida en Italia. La historia de "Mario", quien fue el primer paciente en recibir suicidio asistido en el país, se ha convertido en un referente judicial. Asimismo, el caso de "Anna", quien recibió este tratamiento con costos totalmente cubiertos por el sistema público, marca otro hito importante. Otros casos como el de Davide Trentini, han ampliado la interpretación de los criterios establecidos por la Consulta para los "tratamientos de soporte vital", incluyendo no solo maquinaria sino también intervenciones farmacológicas o asistenciales esenciales para la supervivencia.
Una opinión pública favorable ante la falta de legislación nacional
Toda esta situación ocurre mientras que la opinión pública parece avanzar más rápido que la política. Según datos del Censis, citados en el estudio, el 74% de los italianos apoya el derecho a la eutanasia o al suicidio asistido, siendo aún mayores estas cifras entre jóvenes y graduados. A pesar del amplio consenso social, Italia sigue sin contar con una ley nacional que defina claramente deberes, protecciones y modalidades operativas.
"La dependencia de tratamientos de soporte vital es un criterio demasiado restrictivo", enfatiza Turillazzi. "Nuestra propuesta es superar esta limitación y enfocarnos en lo que realmente importa: una patología irreversible, un sufrimiento que el paciente considera intolerable y una voluntad libre, consciente y expresada directamente por él". Según ella, estos son los requisitos fundamentales; todo lo demás —los aspectos procedimentales y las verificaciones— debería ser responsabilidad del sistema sanitario y los comités éticos territoriales. Solo así es posible reducir las desigualdades territoriales y restablecer los derechos, la autodeterminación y la dignidad personal.
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