La reducción del desempleo juvenil se mantiene como uno de los desafíos más apremiantes en el ámbito social y económico dentro de la Unión Europea (UE). Desde hace más de una década, la UE ha mostrado su compromiso por facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Esto comenzó con el paquete de empleo juvenil en 2012 y las recomendaciones del Consejo que instaban a los Estados miembros a implementar medidas decisivas. A pesar de las fuertes inversiones realizadas durante este tiempo, que han llevado a una disminución en las tasas de desempleo juvenil, aún es necesario un apoyo continuo debido a la escasez estructural de mano de obra y la evolución de las competencias requeridas en el mercado laboral.
Una nueva auditoría, programada para ser publicada en la próxima primavera, tiene como objetivo evaluar si las iniciativas respaldadas por la UE están logrando no solo que los jóvenes consigan un empleo, sino también que este sea sostenible a largo plazo. Aunque la responsabilidad principal recae sobre los gobiernos nacionales, el papel de la UE es crucial al proporcionar directrices estratégicas mediante programas nacionales de reforma y el Semestre Europeo.
El papel fundamental del Fondo Social Europeo
Los miles de millones destinados a través de políticas de cohesión, incluyendo el Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), y actualmente el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), han sido fundamentales para abordar esta problemática. La estrategia europea se basa en asegurar que los puestos creados sean sostenibles una vez finalizado el apoyo financiero y que los jóvenes adquieran las competencias necesarias para prosperar en sus trabajos. Un claro indicador del éxito es cuando estos jóvenes logran mantenerse empleados tras 12 o 18 meses.
Desde su lanzamiento en 2013, la Garantía Juvenil ha proporcionado un marco político central para abordar el desempleo juvenil. La mayoría de los Estados miembros comenzaron a implementar sus programas relacionados en 2014, principalmente a través de ministerios laborales y servicios públicos de empleo. En 2020, se introdujo un paquete adicional para reforzar esta garantía, ampliando su cobertura hasta los 29 años para adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral post-pandemia.
Diferencias significativas entre países europeos
En el período comprendido entre 2021 y 2027, el FSE+ se ha consolidado como principal herramienta financiera e integra aspectos anteriores del IEJ. Este fondo exige que aquellos Estados miembros con altas tasas de jóvenes ni estudiando ni trabajando destinen al menos el 12,5% de sus recursos a acciones enfocadas en mejorar el empleo juvenil.
A pesar del progreso logrado en términos generales, los avances son desiguales. La tasa promedio de desempleo juvenil en la UE ha disminuido del 20% en 2013 a menos del 12% recientemente; sin embargo, sigue siendo significativamente más alta que las tasas generales. Al finalizar 2024, aproximadamente 4,5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años permanecían desempleados. Las diferencias son notables: mientras que España (19,1%) y Grecia (18,4%) presentan cifras alarmantes, Alemania (5,5%) y Chequia (5,8%) disfrutan de tasas mucho más bajas.
Auditorías sobre la eficacia del apoyo europeo
Varias auditorías previas han evaluado la efectividad del respaldo brindado por el FSE y la IEJ. Un informe futuro analizará específicamente cómo estos fondos han impactado en tres países: Italia, España y Alemania. Esta auditoría abarcará desde 2014 hasta finales de 2023 e incluirá medidas relacionadas con REACT-UE.
El informe sobre el apoyo europeo hacia un mercado laboral sostenible para los jóvenes se publicará en primavera de 2026. Los auditores examinarán si las medidas implementadas realmente logran beneficiar a los jóvenes participantes y generar empleos duraderos. Los hallazgos serán clave para determinar cómo mejorar futuros programas que busquen ofrecer oportunidades significativas y sostenibles para esta población vulnerable.
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