El Diario Oficial ha dado a conocer la reciente publicación de la Ley 21.803, una normativa que tiene como objetivo principal otorgar estabilidad laboral a los docentes de educación parvularia, básica y media del sector público. Esta ley establece criterios específicos para la obtención de la titularidad, destacando especialmente el requisito de antigüedad en la dotación.
La nueva legislación beneficiará a aquellos docentes que hayan trabajado bajo contrato durante un periodo mínimo de cuatro años continuos, o cuatro años discontinuos dentro de los últimos seis años. Además, se requiere que estos profesionales cuenten con contrataciones sucesivas y continuas en los últimos dos años.
Detalles Clave de la Ley 21.803
La Ley 21.803, aprobada por el Congreso en enero de 2026, reconoce un derecho laboral fundamental y garantiza estabilidad al personal docente contratado en Servicios Locales de Educación Pública, así como en municipios y corporaciones municipales. Este cambio convierte las contrataciones temporales en contratos indefinidos.
Esta iniciativa forma parte de los acuerdos establecidos en la Agenda Corta entre el Mineduc y el Colegio de Profesoras y Profesores, buscando formalizar la titularidad en el cargo para docentes que laboran en establecimientos públicos mediante la introducción de normativas permanentes en el Estatuto Docente.
Estructura del Estatuto Docente
El Estatuto Docente, específicamente en su artículo 25, define dos categorías para los educadores del sector público: “titular” y “contrata”. La titularidad es considerada una modalidad de contratación indefinida, mientras que la contrata está diseñada para contratos a plazo fijo, inicialmente concebidos para labores transitorias o especiales.
Con esta nueva regulación, se beneficiarán aquellos docentes que cumplan con el criterio de haber trabajado cuatro años continuos o discontinuos durante los últimos seis años, además de tener contrataciones continuas abarcando los últimos dos años. A partir del cuarto año, será necesario que el docente haya ingresado a la dotación mediante un concurso público o un proceso transparente de reclutamiento y selección. Esta medida busca asegurar que todo el personal contratado sea incorporado bajo procedimientos claros y objetivos desde la vigencia de la ley.
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