En una comisión parlamentaria, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha informado que el Plan de Inspección Universitaria de Andalucía para el año 2024, que fue aprobado en junio pasado, ya está en funcionamiento. Este plan se enfoca en los centros de enseñanzas universitarias que ofrecen formación y otorgan títulos según sistemas educativos extranjeros.
Gómez Villamandos ha señalado que estos centros "nunca hasta la fecha habían tenido un control de esta dimensión". El objetivo es eliminar y corregir prácticas que puedan considerarse como infracciones administrativas o sanciones.
En particular, se ha señalado que la inspección ha iniciado su trabajo en el Centro Marbella International University, dado que existe un requerimiento abierto. "Ya se ha establecido una primera toma de contacto", enfatizó, mientras aclaraba que a partir de septiembre, los secretarios generales provinciales de las delegaciones territoriales de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación —quienes son responsables de llevar a cabo estas funciones— comenzarán a recibir formación especializada.
Asimismo, la orden que posibilita la implementación de este plan, junto con aquella que autoriza a los secretarios generales provinciales de las delegaciones territoriales de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación a llevar a cabo funciones de inspección, proporciona por primera vez a Andalucía un marco básico para la actuación y personal funcionario encargado de asegurar la legalidad y la calidad en la enseñanza de educación superior.
Durante su intervención en el parlamento, el consejero destacó que "con este plan se está dotando a Andalucía de una nueva herramienta, prevista en la Ley, que nos va a ofrecer más seguridad jurídica como sociedad al establecer un control exhaustivo por parte de la Administración en el ámbito de la inspección universitaria". Este instrumento representa la primera iniciativa implementada por la Junta para realizar labores de control y seguimiento en esta actividad sobre el terreno.
La inspección universitaria es una actividad que se encuentra contemplada y reconocida en la legislación andaluza actual sobre universidades, la cual fue establecida en el año 2013. Sin embargo, su implementación no se había llevado a cabo hasta este momento. De acuerdo con esta normativa, corresponde a la inspección universitaria la responsabilidad de supervisar, de manera general, el cumplimiento de los requisitos, condiciones y compromisos establecidos para la aprobación de nuevos proyectos universitarios. Esto incluye la autorización para crear centros, su adscripción o para ofrecer enseñanzas, especialmente aquellas que están reguladas por sistemas educativos extranjeros.
Según lo estipulado en el Plan elaborado para el año 2024, se ha contemplado llevar a cabo una evaluación inicial que identifique la posible presencia de este tipo de iniciativas. Posteriormente, el equipo responsable de la inspección llevará a cabo visitas in situ o solicitará documentación para verificar que las entidades en cuestión cuentan con la autorización administrativa necesaria y cumplen con los requisitos relacionados con el profesorado, el personal docente, el plan de estudios y la emisión de títulos.
Asimismo, ha destacado que es responsabilidad de los inspectores asegurarse de que las enseñanzas universitarias se encuentren realmente implementadas en la institución académica extranjera que otorga el título. También deben verificar que los planes de estudio coincidan con los ofrecidos por la universidad matriz, así como confirmar que dichas titulaciones cuenten con la validez académica oficial o hayan pasado por procesos de evaluación o acreditación realizados por las autoridades competentes.
Para mejorar la rapidez en el servicio de inspección, se ha decidido por parte de la Consejería de Universidad que los secretarios generales provinciales asuman estas responsabilidades, ya que esta medida favorece una mayor eficiencia. "Esa labor estará desempeñada por funcionarios del grupo A1, dependientes de la Consejería de Universidad, que tendrán, además, la consideración de agentes de la autoridad", ha indicado. En cualquier circunstancia, la capacidad para imponer sanciones corresponderá al titular de la Consejería de Universidad.
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