Andalucía se posiciona como líder en la financiación de universidades públicas. Según datos recientes del INE y del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), la comunidad autónoma destina un 0,86% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la financiación del sistema público universitario. Este porcentaje sitúa a Andalucía en el segundo lugar a nivel nacional, solo por detrás de Castilla La Mancha, que lidera con un 0,91%.
El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha destacado que esta inversión también se refleja en el esfuerzo presupuestario, donde Andalucía ocupa nuevamente el segundo puesto con un 4,45%, superada únicamente por la Comunidad de Madrid. A nivel nacional, el promedio es del 3,31%.
Incremento progresivo en la financiación universitaria
Durante el ejercicio 2022, el Gobierno andaluz destinó 1.585,24 millones de euros al sistema universitario público. Esta cifra ha ido aumentando año tras año: se prevé alcanzar los 1.726,4 millones de euros para 2025. Herrera subrayó que este nuevo modelo de financiación proporciona estabilidad y certidumbre a las diez universidades públicas andaluzas.
A pesar de estos avances en la financiación, el secretario general ha expresado su preocupación por las exigencias impuestas por el Ministerio de Ciencia para justificar el programa ‘María Goyri’. Este programa tiene como objetivo financiar plazas para profesorado ayudante doctor en las universidades españolas.
Dificultades para cumplir con el programa ‘María Goyri’
Herrera ha denunciado que los requisitos establecidos por el Ministerio dificultan gravemente la implementación efectiva del programa en 2024. El acuerdo firmado recientemente establece un total de 468 plazas para las universidades públicas andaluzas con una inversión inicial de 6,52 millones de euros, que aumentará a unos 21 millones anuales a partir de 2025.
No obstante, según Herrera, las exigencias temporales impuestas son “inasumibles”, ya que obligan a convocar y contratar las plazas antes del final del año. Esto podría resultar en que los fondos destinados a esta medida se reduzcan drásticamente o incluso queden sin ejecutar.