Un endurecimiento que amenaza la diversidad
La nueva normativa, impulsada con carácter de urgencia, exige a las nuevas universidades privadas condiciones de viabilidad económica, experiencia previa en gestión educativa, un mínimo de 4.500 estudiantes en cinco años y una oferta académica diversificada, entre otros requisitos. Además, los informes de las agencias de calidad pasan a ser vinculantes, lo que otorga al Estado un control sin precedentes sobre la apertura de nuevos centros. Aunque se afirma que la reforma no será retroactiva, la inseguridad jurídica es palpable y afecta a proyectos en curso y a la confianza de los inversores en el sector educativo.
Estas exigencias, lejos de buscar exclusivamente la excelencia, parecen diseñadas para frenar el crecimiento de la universidad privada y consolidar un monopolio público, en línea con las propuestas de algunos partidos que abogan directamente por la eliminación progresiva de la universidad privada. No es casualidad que la ofensiva se haya lanzado desde territorios donde la apertura de nuevos centros privados está dinamizando la economía local y ampliando la oferta educativa.
El falso dilema entre calidad y titularidad
El discurso oficial insiste en que no se trata de confrontar modelos, pero la realidad es que se está estigmatizando a las universidades privadas, presentándolas como una amenaza para la clase trabajadora y asociándolas injustamente con la baja calidad o la compraventa de títulos. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario: las universidades privadas matriculan ya a más de 350.000 alumnos, crecen a doble dígito cada año y presentan tasas de éxito y empleabilidad superiores a las de muchas públicas. Su contribución a la mejora de la calidad educativa y a la inserción laboral es innegable.
Resulta paradójico que se pretenda combatir la supuesta falta de calidad de algunas instituciones privadas imponiendo trabas indiscriminadas a todo el sector, en lugar de fortalecer los mecanismos de evaluación y control que ya existen. La calidad no depende de la titularidad, sino de la exigencia, la transparencia y la capacidad de adaptación a las necesidades de la sociedad y el mercado laboral.
Libertad de elección y competencia: claves para el progreso
El ataque a la universidad privada supone también un menoscabo de la libertad de elección de las familias y los estudiantes, que tienen derecho a optar por el modelo educativo que mejor se adapte a sus expectativas y circunstancias. La competencia entre centros públicos y privados ha sido, históricamente, un estímulo para la mejora continua y la innovación pedagógica. Limitar artificialmente la oferta solo puede conducir al estancamiento y a la mediocridad.
En lugar de demonizar a las universidades privadas, el Gobierno debería reconocer su papel complementario en el sistema educativo, facilitar la colaboración público-privada y garantizar una financiación suficiente para las universidades públicas, sin recurrir a la confrontación ideológica ni al intervencionismo excesivo.
La reforma planteada no es una apuesta por la calidad, sino un intento de recentralización y de restricción de la libertad educativa. Si realmente queremos una universidad de excelencia, plural y adaptada a los retos del siglo XXI, debemos apostar por la diversidad de modelos, la evaluación rigurosa y la libertad de elección. El futuro de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad depende de ello.
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