«Es socialmente inaceptable» es la contundente afirmación que resuena en el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV). Este estudio, correspondiente al segundo trimestre de 2025, pone de manifiesto una alarmante realidad en Valencia: la escasez de viviendas y el aumento desmesurado de los precios han llevado a centenares de personas a vivir en condiciones precarias.
El informe revela que solo hay disponibles 91 viviendas plurifamiliares de obra nueva para su venta en una ciudad con más de 800.000 habitantes. Fernando Cos-Gayón López, director de la Cátedra, señala que esta cifra es “estadísticamente irrelevante” y advierte que “ya no hay mercado que medir”. La oferta actual representa menos del 0,02% del parque residencial, lo que indica un colapso total en la producción de vivienda.
Un panorama desolador para la vivienda pública
Otro dato preocupante es que durante el pasado trimestre solo 15 viviendas de protección pública estaban activamente en venta en toda la ciudad, lo que equivale a un ínfimo 0,0036% del total. Esta situación evidencia el desmantelamiento funcional de las políticas públicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Según el informe, “la VPP ha dejado de existir como opción estratégica para hogares con ingresos medios y bajos”.
A medida que se profundiza en el análisis, se hace evidente que no solo la burocracia o la falta de suelo están detrás del problema. El coste de construcción ha aumentado más del 30% desde 2020 y existe una creciente escasez de mano de obra cualificada en el sector. “Las promociones se paralizan o se cancelan”, afirma Cos-Gayón, quien critica que aún se diseñen planes para un modelo habitacional obsoleto.
Aumento imparable del alquiler
En paralelo, el mercado del alquiler también está sufriendo una escalada sin precedentes. Actualmente, el precio medio supera los 1.900 euros al mes, una cifra alarmante que contradice las narrativas oficiales sobre regulación y control. La inseguridad jurídica y las estrictas regulaciones han desplazado la oferta disponible.
"La Ley 12/2023 ha tenido efectos adversos", sostiene Cos-Gayón, quien añade que culpar al turismo por esta crisis es simplemente una coartada. “El alquiler no se decreta; se construye”, sentencia.
Consecuencias sociales devastadoras
A medida que avanza el informe, se revelan consecuencias mucho más graves: cerca de 40 asentamientos informales han sido identificados en Valencia. Familias enteras viven en chabolas o infraviviendas, con más de 200 menores expuestos a condiciones inadecuadas. Esta situación no es nueva; es el resultado acumulado de años sin acción institucional efectiva.
"Desde hace nueve años hemos alertado sobre este agotamiento del modelo habitacional", afirma Cos-Gayón. Sin embargo, aún no se ha definido una tipología real y viable para la vivienda social en España.
Llamado urgente a la acción
Cabe destacar que existe un marco normativo para la Vivienda de Protección Pública (VPP), pero su activación depende del módulo dinámico de precios máximos establecido en el Decreto 180/2024 por parte de la Generalitat Valenciana. La Cátedra considera esencial su publicación inmediata para permitir construir vivienda asequible.
Finalmente, Cos-Gayón concluye con una pregunta inquietante: “¿Quién va a hacer algo?”. La emergencia habitacional ya no es solo una crisis; representa un riesgo elevado de conflicto social si no se toman medidas urgentes.
Carlos Ayats Pérez / Área de Comunicación UPV
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