Gobierno nacional aumenta fondos para PAE, pero 77.000 niños sin comida

El Gobierno nacional ha incrementado su aporte al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima, pasando de $36.000 millones a $60.000 millones, mientras que la gobernación solo ha destinado $1.170 millones este año. Además, los $14.000 millones adicionales anunciados aún no se han incorporado al programa.

La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), vinculada al Ministerio de Educación Nacional, ha hecho un llamado a la transparencia en la gestión del PAE. En una reciente rueda de prensa, el director de la UApA, Sebastián Rivera, subrayó que "todo servidor público está obligado a entregar información veraz". Rivera cuestionó las afirmaciones de la Gobernación del Tolima sobre atender a 82.000 estudiantes, señalando que tales cifras deben estar registradas oficialmente.

A lo largo de su intervención, Rivera destacó el historial financiero del programa: mientras el apoyo nacional se ha incrementado significativamente en los últimos años, la contribución del Tolima ha sido mínima. El anuncio de los $14.000 millones adicionales no se refleja en el sistema actual y, por tanto, no puede ser contabilizado hasta que se registre adecuadamente.

Aclaraciones sobre el financiamiento del PAE

Es crucial entender que es incorrecto afirmar que la nación debe cubrir el 85% del PAE. Este esquema es concurrente; la Nación cofinancia y las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) tienen la obligación de aumentar su aporte respecto al año anterior.

Según datos oficiales hasta el 30 de junio de 2025, el PAE solo alcanzó una cobertura del 63,2%, lo que dejó a más de 40.000 estudiantes sin acceso a alimentos escolares. La ETC no ha cumplido con la entrega del Plan Financiero Territorial requerido por la normativa vigente.

Los contratos relacionados con el PAE fueron suspendidos desde el 13 de agosto, lo que generó una interrupción en los servicios alimentarios para miles de niños y niñas en las aulas. Las proyecciones indican que las adiciones necesarias podrían extenderse hasta octubre debido a estas suspensiones y a problemas en la ejecución.

Análisis crítico sobre la gestión y planificación del PAE

Las irregularidades son evidentes:

• Desalineación entre discurso y sistema: Cualquier cifra relacionada con la cobertura debe estar registrada oficialmente; no se pueden pagar complementos no documentados.
• Opacidad contractual: La falta de publicaciones oportunas en SECOP II sobre prórrogas y suspensiones dificulta una adecuada supervisión.
• Costo elevado por almuerzo: Esto limita la cobertura y requiere una revisión exhaustiva del estudio de costos para optimizar recursos.
• Mala gestión de datos: La ETC no ha actualizado correctamente sus registros, lo cual afecta las decisiones basadas en datos confiables.

Cada estudiante sin alimentación escolar representa una pérdida significativa en términos educativos y sociales.

Acciones urgentes son necesarias:

• Mesa técnica de verificación: Se establecerá un contraste entre matrícula atendida, contratos y giros para asegurar continuidad sin excusas.
• Ajuste en estudios de mercado: Es vital revisar los costos para ampliar la cobertura sin sacrificar calidad educativa.
• Cumplimiento normativo: Se exigirá cargar toda actuación contractual e informes en SECOP II inmediatamente.
• Control por parte de entes reguladores: La Procuraduría Regional y Contraloría verificarán el cumplimiento legal y reportes durante una mesa programada para octubre.

Cronología crítica del PAE en 2025

- **31 de julio:** Primera prórroga del PAE mayoritario; reportes indican adiciones e inejecuciones.

- **13 de agosto:** Vencen contratos del PAE mayoritario e indígena; nuevas adiciones anunciadas pero con vacíos informativos.

- **14 de junio – diciembre:** Ejecución tardía prevista para canastas escolares; nueva entrega proyectada para diciembre con recursos correspondientes al año siguiente.

A modo de conclusión:

A pesar del aumento significativo en los recursos nacionales destinados al PAE, los problemas estructurales en planeación y contratación han dejado a numerosos niños sin acceso a alimentación escolar adecuada. Es imperativo actuar con rapidez para garantizar que ningún niño o niña quede desprovisto de este derecho fundamental.

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