La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), ubicada en Ia?i, Rumanía, ha llevado a cabo dos registros y ha confiscado 500.000 euros en activos de un funcionario público de la provincia de Constan?a. Esta acción forma parte de una investigación en curso sobre un fraude que asciende a 850.000 euros relacionado con un proyecto de sistemas de riego financiado por la Unión Europea.
Según informes previos, la indagación ha revelado que una cooperativa agrícola obtuvo fraudulentamente 850.000 euros (equivalente a 4,3 millones de leus) en fondos europeos para el mencionado proyecto. Dos individuos, el presidente 'de facto' y el presidente estatutario de la cooperativa, están bajo sospecha por haber presentado documentos falsificados ante la Agencia para el Financiamiento de Inversiones Rurales (AFIR) de Rumanía. Estos documentos afirmaban erróneamente que la cooperativa contaba con un consejo directivo y que había celebrado una asamblea general para aprobar la solicitud de financiación. Se alega que el proceso de contratación pública fue manipulado para beneficiar a una empresa vinculada a uno de los sospechosos, administrada oficialmente por su esposa.
Detalles del fraude y complicidad oficial
Nuevos hallazgos en la investigación sugieren que el principal sospechoso actuó con el apoyo de un funcionario público que ocupa un cargo directivo en la oficina regional de AFIR en Constan?a. Entre 2018 y 2023, se cree que este funcionario facilitó la adquisición y retención ilegal de fondos europeos para el proyecto de riego al aprobar solicitudes fraudulentas de financiación y pago, liberando pagos a entidades controladas por el principal sospechoso y divulgando información confidencial. A cambio, se sospecha que recibió beneficios materiales.
El funcionario enfrenta cargos por cohecho, lavado de dinero y complicidad en fraude subvencionario que afecta los intereses financieros de la UE. Actualmente, ha sido colocado bajo control judicial durante sesenta días, con prohibición de contactar a otras partes involucradas y obligación de presentarse periódicamente en la comisaría correspondiente a su lugar de residencia.
Colaboración interinstitucional en la investigación
Esta investigación ha movilizado a varios agentes policiales del Estructura de Apoyo del EPPO en Rumanía, así como a las Unidades de Investigación del Crimen Económico dentro de las Inspectorías Provinciales de Policía de Constan?a y Tulcea, además de unidades especializadas de intervención de la Gendarmería Rumana.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) es un organismo independiente encargado de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
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