Las universidades públicas de Andalucía han expresado su profunda preocupación por los cambios introducidos en el Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). En una reciente comparecencia ante la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz, el portavoz de estas instituciones, Paco Oliva, ha señalado que algunos preceptos de la ley podrían ser inconstitucionales al vulnerar la autonomía universitaria.
Oliva ha destacado que, tras un año de diálogo constructivo con la Consejería, el borrador inicial había recibido el visto bueno de las universidades. Sin embargo, el texto que se presenta ahora a la Cámara incluye modificaciones “sustanciales y no consensuadas”, lo cual genera inquietud entre las instituciones académicas.
Cambios que preocupan a las universidades andaluzas
Uno de los puntos más críticos es la posible infracción del derecho a la autonomía universitaria, un principio fundamental recogido en la Constitución Española. La nueva redacción de la LUPA introduce artículos que podrían permitir una injerencia directa del gobierno autonómico en competencias exclusivas de las universidades. Por ejemplo, se establece que la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente y administrativo debe ser aprobada por orden de la Consejería, algo sin precedentes en la historia reciente.
Además, las universidades consideran que limitar el número máximo de miembros en órganos colegiados como el Claustro o el Consejo de Gobierno es restrictivo y poco democrático. Estos aspectos son competencias que deberían estar reservadas a los Estatutos de cada universidad según lo estipulado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
En cuanto a los procesos de contratación, se manifiesta un rechazo contundente hacia la revisión semestral impuesta por la Consejería sobre las causas para contratar profesorado sustituto. Asimismo, critican la creación de figuras contractuales no contempladas en la LOSU.
Controversias adicionales en el proyecto legislativo
Otro aspecto controvertido es la obligación de incorporar un interventor externo perteneciente a cuerpos específicos de las Administraciones públicas. Oliva ha defendido que las universidades ya cuentan con un sistema riguroso y autónomo para el control económico, supervisado por Consejos Sociales y auditorías externas.
Por otro lado, se ha puesto énfasis en que el proyecto otorga a los Consejos Sociales funciones que van más allá de lo establecido en la normativa estatal, aumentando así su dependencia del Gobierno andaluz. Esto incluye una nueva competencia para aprobar el Plan Plurianual de Financiación, lo cual ha generado gran inquietud entre los representantes universitarios.
Las instituciones académicas también han solicitado recuperar una referencia normativa a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, eliminada del texto actual pero presente en borradores anteriores.
La financiación como clave para una ley efectiva
Paco Oliva ha subrayado que cualquier ley sin una adecuada financiación será impracticable. Ha instado a alcanzar cuanto antes el 1% del PIB en financiación universitaria, tal como indica la LOSU. Sin este respaldo financiero, muchas obligaciones establecidas por esta nueva legislación podrían quedar sin efecto o poner en peligro la sostenibilidad del sistema público.
Finalmente, Oliva ha reafirmado que el objetivo común es establecer una norma sólida y útil para el futuro del sistema universitario andaluz. Ha hecho un llamado urgente a los grupos parlamentarios para reconsiderar los artículos conflictivos durante el proceso legislativo.
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