Las Universidades Públicas de Andalucía han expresado su preocupación en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz sobre varios aspectos del Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). El portavoz de estas instituciones, Paco Oliva, ha señalado que el texto actual presenta cambios “sustanciales y no consensuados” respecto al borrador inicial, lo que podría comprometer la autonomía universitaria y contradecir la normativa estatal.
Oliva ha recordado que las universidades han mantenido un diálogo constructivo con la Consejería durante meses. Sin embargo, el proyecto que se discute ahora difiere significativamente del documento negociado anteriormente, lo que ha llevado a los representantes universitarios a manifestar su inquietud ante esta situación.
Preocupaciones sobre la autonomía universitaria
Uno de los puntos más críticos es la posible vulneración del derecho fundamental a la autonomía universitaria, tal como está reconocido en la Constitución Española y desarrollado por la LOSU. La nueva redacción de la LUPA incluye artículos que podrían permitir una interferencia directa de la administración autonómica en competencias exclusivas de las universidades.
Entre estos artículos destaca la obligación de que la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente y administrativo sea aprobada mediante una Orden de la Consejería. Oliva enfatizó: “Nunca antes la Junta ha intervenido en la configuración interna de nuestras plantillas, porque forma parte del núcleo esencial de la autonomía universitaria”.
Además, las universidades consideran que establecer un número máximo de integrantes para órganos colegiados como el Claustro o el Consejo de Gobierno es restrictivo y poco democrático. Estas competencias son reservadas por la LOSU a los Estatutos propios de cada universidad.
Cambios en contratación y control económico
En cuanto a los procesos de contratación, las universidades han rechazado una revisión semestral por parte de la Consejería sobre las causas para contratar profesorado sustituto, así como la creación de figuras contractuales no contempladas en la LOSU. Otro aspecto controvertido es la obligatoriedad de incluir un interventor externo perteneciente a cuerpos específicos de las Administraciones públicas. Según Oliva, “las universidades ya contamos con un sistema riguroso y autónomo para el control económico”.
Asimismo, se ha criticado que el proyecto otorga a los Consejos Sociales funciones más amplias que las estipuladas en normativa estatal, además de incrementar su dependencia del Gobierno andaluz. Esto genera especial preocupación en relación con la nueva competencia para aprobar el Plan Plurianual de Financiación.
Financiación adecuada para una ley efectiva
Paco Oliva también ha subrayado que cualquier ley sin financiación suficiente no será aplicable. Ha insistido en que es crucial alcanzar cuanto antes el 1% del PIB en financiación universitaria, tal como establece la LOSU; sin ello, muchas obligaciones impuestas por esta ley serán inviables. “Una ley sin financiación está condenada a ser papel mojado o incluso poner en riesgo el sistema público”, afirmó.
Finalmente, Oliva reiteró el deseo común entre las universidades públicas: contar con una norma sólida y útil para el futuro del sistema universitario andaluz. Ha instado a los grupos parlamentarios a reconsiderar los artículos conflictivos durante el proceso legislativo.
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