Las universidades andaluzas han expresado su inquietud ante los cambios en la LUPA. En una reciente comparecencia ante la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz, el portavoz de las universidades públicas, Paco Oliva, ha señalado la posible inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la ley en su redacción actual. Esta preocupación surge tras más de un año desde que las instituciones académicas emitieron un informe favorable al borrador inicial del Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA).
Oliva ha destacado que el texto que se presenta ahora incluye “cambios sustanciales y no consensuados” que podrían poner en riesgo la autonomía universitaria y contradecir la normativa estatal. El portavoz recordó que durante meses se mantuvo un diálogo constructivo con la Consejería, y que el borrador negociado en 2024 contaba con el respaldo de las universidades. Sin embargo, subrayó que “el texto actual difiere en aspectos esenciales del que se trabajó de forma conjunta”, lo que ha llevado a las universidades a manifestar su preocupación.
Preocupaciones sobre la autonomía universitaria
Uno de los puntos más críticos es la posible vulneración del derecho fundamental a la autonomía universitaria, reconocido por la Constitución Española y desarrollado por la LOSU. La nueva redacción de la LUPA incluye artículos que podrían permitir una intervención directa de la administración autonómica en competencias exclusivas de las universidades. Entre estos artículos destaca el requisito de que la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente y administrativo sea aprobada por orden de la Consejería.
Oliva enfatizó que “nunca antes la Junta ha intervenido en la configuración interna de nuestras plantillas”, lo cual es esencial para preservar la autonomía universitaria. Además, las universidades consideran restrictivo y poco democrático que se establezca un número máximo de integrantes para órganos colegiados como el Claustro o el Consejo de Gobierno, competencias que deben ser reguladas por los Estatutos propios de cada universidad.
En cuanto a los procesos de contratación, las instituciones académicas rechazan una revisión semestral por parte de la Consejería sobre las causas para contratar profesorado sustituto, así como la creación de figuras contractuales no contempladas en la LOSU.
Controversias adicionales y necesidad de financiación
Otro aspecto polémico es la obligación de incorporar un interventor externo perteneciente a cuerpos específicos de las administraciones públicas. Según Oliva, “las universidades ya contamos con un sistema riguroso y autónomo para el control económico”, supervisado además por Consejos Sociales y auditorías externas.
Asimismo, se mostró preocupado por cómo el proyecto atribuye a los Consejos Sociales funciones que superan lo establecido en normativa estatal, aumentando así su dependencia del Gobierno andaluz. Especialmente alarmante es la nueva competencia otorgada para aprobar el Plan Plurianual de Financiación.
Las universidades también han solicitado recuperar referencias normativas a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, eliminadas del texto actual pero presentes en borradores anteriores. En relación al tratamiento normativo hacia las universidades privadas, Oliva exigió que los programas financiados con fondos públicos sean exclusivamente para estudiantes de universidades públicas.
Un futuro incierto sin financiación adecuada
Paco Oliva insistió en que cualquier ley futura debe contar con una financiación adecuada para su implementación efectiva. “Si no se alcanza cuanto antes el 1% del PIB en financiación universitaria, muchas obligaciones impuestas por esta ley serán inviables”, advirtió. Una ley sin recursos económicos suficientes corre el riesgo de convertirse en papel mojado o incluso amenazar la sostenibilidad del sistema público universitario.
En conclusión, Oliva reiteró el deseo común entre las universidades públicas: contar con una norma sólida y útil para el futuro del sistema universitario andaluz. Hizo un llamado a los grupos parlamentarios para reconsiderar los artículos conflictivos durante el proceso legislativo.
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