Periodistas, juristas y académicos se reúnen en el CEU de Elche para analizar el caso Tommouhi-Mounib, considerado como “el mayor error judicial de la democracia española”. Este evento fue organizado por el profesor de Derecho Antonio López y tuvo lugar en el Aula Magna de la sede Carmelitas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH). La jornada se centró en reflexionar sobre el error judicial y su impacto en el Estado de derecho, tomando como referencia uno de los episodios más significativos del sistema penal español.
El caso en cuestión involucra a Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib, quienes fueron condenados por una serie de agresiones sexuales en los años noventa, pero posteriormente fueron reconocidos como inocentes. Durante la inauguración del encuentro, intervinieron Cristina Orts, Adjunta al Vicerrectorado CEU Elche, y Ana Isabel Mateos, Vicedecana de Derecho. Ambas destacaron la importancia de formar juristas que puedan analizar críticamente la práctica judicial y comprender las repercusiones de sus decisiones en la vida de las personas.
A lo largo de la mañana, se llevaron a cabo tres ponencias especializadas y una mesa redonda. Los temas abordados incluyeron desde el análisis periodístico hasta cuestiones procesales, permitiendo un acercamiento al caso que ha generado intensos debates sobre la investigación policial, el valor de la prueba y el funcionamiento de los tribunales.
“El mayor error judicial de la democracia española”
La primera intervención estuvo a cargo del periodista investigador de El País, Braulio García Jaén, quien ha realizado varios estudios sobre el caso Tommouhi-Mounib. Calificó este episodio como “el mayor error judicial de la democracia española”, afirmando que “no hay ninguna duda hasta hace relativamente poco”. García Jaén recordó que aunque el caso comenzó hace más de tres décadas, sigue siendo un asunto relevante y no cerrado.
Los hechos que llevaron a las condenas se remontan a 1991, pero sus consecuencias han perdurado durante años. Uno de los condenados, Abderrazak Mounib, falleció en prisión nueve años después de ser encarcelado, “tres años después de que el Supremo hubiera reconocido su inocencia en uno de los casos por los que fue condenado”. Su compañero, Ahmed Tommouhi, pasó 15 años tras las rejas, los últimos nueve después de ser declarado inocente en una condena.
“Esto es lo que hace particular a este caso e incomparable con casi ningún otro ocurrido en la democracia española”, subrayó García Jaén. La singularidad radica no solo en la condena injusta sino también en la persistencia del error a pesar del reconocimiento oficial de inocencia por parte del Tribunal Supremo. El periodista destacó que apenas una semana antes del evento, el alto tribunal había revocado “la cuarta y última condena” contra Tommouhi gracias al recurso presentado por su abogada.
Papel crucial del periodismo en procesos judiciales
García Jaén también abordó cómo los medios influyen en los procesos judiciales. Criticó ciertos titulares que sugieren que “los recortes de prensa no sirven para llevar adelante un proceso judicial”, afirmando: “Es un error… lo importante no es si es un recorte, sino si la noticia es verdadera o falsa”. Recordó ejemplos donde la información periodística ha sido fundamental, como los conocidos papeles de Bárcenas o las informaciones sobre los GAL durante los años noventa.
A continuación, tomó la palabra la abogada Celia Carbonell Ferrández, quien se enfocó en el recorrido procesal del caso y las habilidades necesarias para ejercer esta profesión. Resaltó aspectos como la constancia y el compromiso con los clientes: “Si deciden ejercer la abogacía, es vital tener ganas y conocimientos procesales”. También enfatizó que defender a alguien requiere convicción: “Si ustedes se dedican al derecho penal, deben creer que su cliente es inocente”.
Carbonell Ferrández subrayó que aprender proviene muchas veces del fracaso: “Si siempre ganan, nunca aprenden… no se crean a esos abogados que dicen ganar siempre”. Su intervención permitió visualizar cómo se entrelazan técnica jurídica y ética profesional dentro del ámbito penal.
Dificultades probatorias en delitos sexuales
Carlos Pérez del Valle, Catedrático de Derecho Penal del CEU UCH, centró su exposición en el valor probatorio dentro del contexto de delitos sexuales. Hizo hincapié en que no era evidente hace décadas que una agresión sexual pudiera ocurrir sin resistencia física: “Hay violación incluso si no hay resistencia… resistirse no tiene relevancia”, explicó. Este avance jurídico trae consigo una dificultad significativa: distinguir entre relaciones consentidas y no consentidas puede ser complicado.
El análisis penal ofreció claridad sobre uno de los factores detrás del error judicial: la identificación errónea por parte de las víctimas condicionada por similitudes físicas y recuerdos fragmentarios. Como mencionó García Jaén, hubo confusión entre el caló hablado por el verdadero agresor y el árabe, lo cual contribuyó a arrestar inicialmente a marroquíes inocentes.
Error judicial: un desafío estructural al Estado de derecho
Todas las ponencias coincidieron en una idea central: el error judicial representa no solo una tragedia personal sino un reto estructural para el Estado de derecho. Cuando se condena a inocentes, se vulneran derechos individuales y se erosiona la confianza social hacia la justicia. En palabras del periodista, “lo peculiar” del caso no solo radica en su injusticia sino también en su prolongada duración y falta de corrección oportuna.
Un momento impactante fue cuando García Jaén relató cómo un guardia civil admitió años después haber cometido un error tras las primeras detenciones; su investigación interna llevó a reanalizar muestras y solo gracias al ADN pudo confirmarse finalmente la inocencia.
La jornada concluyó con una mesa redonda donde los ponentes respondieron preguntas planteadas por los estudiantes. El profesor Antonio López resaltó el objetivo educativo del encuentro: acercar a los alumnos a un caso real para ilustrar las complejidades procedimentales, así como las implicaciones humanas derivadas de decisiones judiciales.