El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria, Jorge Tomillo, ha propuesto la implementación de un Sistema Arbitral de Consumo obligatorio. Este sistema tiene como objetivo garantizar que los consumidores reciban una respuesta motivada a sus reclamaciones y facilitar su acceso a la justicia sin costo alguno.
Esta iniciativa se detalla en su reciente publicación titulada ‘El arbitraje de consumo obligatorio’, un libro financiado por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, en el marco de un convenio destinado a fomentar la investigación en el ámbito del consumo.
Según Tomillo, el actual Sistema de Arbitraje, que se basa en la voluntariedad donde empresarios, consumidores e instituciones resuelven conflictos en un ámbito extrajudicial, está experimentando un estancamiento. Esto se debe principalmente a la escasa participación del sector empresarial: solo el 3,4% de las tres millones de empresas registradas a nivel nacional están adheridas al sistema. “Es una cifra muy baja”, afirma.
Mejoras en Cantabria pero necesidad de más
A pesar del panorama nacional, en Cantabria la situación es algo más alentadora. Alrededor de 3.600 empresas están integradas en este sistema, lo que representa una mejora respecto a las 20.000 existentes. Sin embargo, Tomillo subraya que aún hay mucho por hacer: “Hay masa crítica para trabajar, pero queremos ir más allá. Muchas reclamaciones quedan sin resolver porque la cuantía no justifica acudir a la justicia ordinaria”.
Por esta razón, aboga por establecer un sistema de arbitraje obligatorio que cumpla con la Directiva Europea 2025/2647 del Parlamento Europeo y del Consejo, que comenzó a regir el 5 de enero. “Esto es crucial, especialmente en sectores con alta demanda de reclamaciones y baja participación empresarial”, sostiene.
Tomillo también señala que existen dos aspectos fundamentales que deben ser considerados: el cumplimiento del mandato constitucional y las directrices europeas para abordar las reclamaciones relacionadas con los ‘Servicios Económicos de Interés General’. Estos incluyen sectores como bancos, seguros, transportes y comercio minorista, donde se producen numerosas reclamaciones y cuya participación es escasa.
Necesidad de una ley especial para el arbitraje
El catedrático considera que aunque el desempeño del Sistema Arbitral durante sus cuatro décadas ha sido “aceptable”, es necesario llevar a cabo una renovación “radical” mediante una ley especial dedicada al arbitraje y mediación en materia de consumo. Esta legislación debería ser propositiva y buscar un gran Pacto de Estado que involucre al Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos.
El objetivo es lograr un acceso universal a la justicia tanto para los consumidores como para pequeños y medianos empresarios. Tomillo enfatiza que es fundamental cambiar la percepción errónea sobre el arbitraje de consumo: “No es cierto que sea un arbitraje casero donde el árbitro favorece a uno de los lados”.
Añade que los órganos encargados del arbitraje son plurales e incluyen la participación activa tanto de la Administración como de los empresarios y consumidores. En Cantabria, aproximadamente entre el 55% y el 56% de los laudos emitidos favorecen a los consumidores, lo cual indica una balanza equitativa en las resoluciones arbitrales.
Pie de foto: Jorge Tomillo, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria.
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