Expertas y expertos en derecho abogan por el bilingüismo en el sistema judicial
La profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Vicenta Tasa-Fuster, ha liderado un análisis profundo sobre la política lingüística en el ámbito judicial, publicado en el último número de la revista Just. Journal of Language Rights & Minorities. Este estudio se centra en cómo diferentes países bi/multilingües gestionan sus lenguas oficiales dentro del sistema de justicia.
En su artículo, Tasa-Fuster destaca que, aunque España cuenta con un modelo territorial “casi federal” que reconoce formalmente la diversidad lingüística en la administración judicial, este reconocimiento aún enfrenta serios desafíos en su aplicación práctica. Según ella, el derecho a la diversidad lingüística es un derecho formal de iure, pero como derecho material de facto, sigue siendo un "reto" considerable.
Bilingüismo y autonomía territorial: una relación compleja
Tasa-Fuster, junto al coeditor del monográfico, Xabier Arzoz, señala que la mera existencia de autonomía territorial no garantiza una adecuada integración de las lenguas minoritarias en el sistema judicial. Esto se evidencia al comparar el estatus del sueco en Finlandia —donde es reconocido como lengua minoritaria— con las lenguas oficiales distintas del castellano en España. La diferencia radica más en la cultura política de la comunidad lingüística dominante que en el modelo estatal mismo.
A pesar de que las competencias sobre las lenguas regionales han sido transferidas a las comunidades autónomas, el Estado central conserva importantes poderes, desde la creación de leyes procesales hasta la organización del sistema judicial. Esto implica que las comunidades autónomas no pueden regular aspectos fundamentales como los procedimientos lingüísticos o los requisitos para acceder a la judicatura. Así, aseguran los autores, se perpetúa una tradición monolingüe dentro del ámbito judicial español.
Análisis comparativo internacional sobre derechos lingüísticos
El monográfico incluye contribuciones de expertos internacionales que examinan cómo otros países han abordado el uso de lenguas cooficiales o nacionales en sus sistemas judiciales. Se estudian casos como el tratamiento del sueco en Finlandia y el funcionamiento de tribunales en Canadá, Suiza y Bruselas, donde se utilizan diferentes lenguas según el contexto.
En España, según lo expuesto por Francisco Caamaño, la implementación de derechos lingüísticos no sigue ni el principio territorial ni personal para usar cualquiera de las lenguas oficiales. En cambio, prevalece una concepción monolingüe que data de hace más de 40 años y que ha comenzado a cambiar con avances recientes, como la ley aprobada en noviembre de 2024 que permite presentar escritos en lenguas oficiales distintas al castellano ante tribunales madrileños.
Desafíos y oportunidades para un sistema judicial inclusivo
Los autores del monográfico enfatizan que respetar la diversidad lingüística dentro del sistema judicial es crucial y tiene implicaciones significativas para otras áreas como el derecho, la educación y la sociolingüística. El acceso a la justicia en una lengua reconocida debe ser considerado uno de los derechos lingüísticos más importantes; sin embargo, su implementación puede requerir decisiones políticas complejas.
No obstante, advierten sobre el peligro de reducir la justicia a un mero “servicio lingüístico”, destacando que el bi/multilingüismo de facto busca hacer efectivo el estado de derecho y afecta directamente a cómo se percibe la legitimidad del Estado. La lengua utilizada para interactuar con la administración judicial refleja profundamente las desigualdades entre hablantes de diferentes lenguas.
Tasa-Fuster critica también cómo los derechos humanos internacionales tienden a ver la lengua como una cuestión técnica más que esencial. Ella argumenta que esta visión ignora cómo el uso preferido del lenguaje está intrínsecamente vinculado con la dignidad humana y resalta que todo acto jurídico implica poder y lenguaje.
Referencia del artículo: Arzoz, Xabier & Vicenta Tasa-Fuster. 2025. “Presentació: L’ús de les llengües minoritàries en la Justícia”. Just. Journal of Language Rights & Minorities, 4 (2):7–29. https://doi.org/10.7203/Just.4.32147
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