En la reciente sesión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), se ha dado luz verde a un significativo reparto presupuestario para el año 2026. Este acuerdo incluye una partida adicional de 37,5 millones de euros, destinada a atender diversas demandas planteadas por las instituciones educativas andaluzas. Entre los conceptos que se financiarán se encuentran la cantidad pendiente para el abono total de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) y el 50% del quinto tramo del complemento de productividad del Personal Técnico de Gestión Administrativa y Servicios (PTGAS) correspondiente al año 2024.
Además, se contempla una partida consolidable de 16 millones de euros, anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía durante la apertura del curso académico 2025-2026. Esta inyección económica busca fortalecer el sistema universitario público andaluz, conocido como SUPA.
Nuevos mecanismos y auditorías
El CAU también ha establecido un mecanismo de auditoría conjunta entre las universidades y la administración autonómica. Este proceso tiene como objetivo determinar con precisión los costes reales asociados a la plantilla universitaria, así como abonar las diferencias en ingresos no percibidos debido al cumplimiento integral de la cláusula de salvaguarda que corresponde a cada universidad. Las autoridades educativas han solicitado que esta auditoría esté concluida para julio, con miras a aplicar sus conclusiones en el presente ejercicio económico.
Desde las universidades públicas andaluzas, este avance es visto como un paso positivo hacia la implementación efectiva del modelo de financiación actual, lo cual resulta crucial para garantizar el correcto funcionamiento del sistema educativo superior en Andalucía.
Desafíos pendientes en la financiación
A pesar de estos avances, persisten cuestiones importantes que requieren atención. Entre ellas se encuentra el abono completo de las cantidades adeudadas correspondientes al ejercicio 2025. Por ello, se hace un llamado a la Junta de Andalucía para continuar negociando y asegurar el cumplimiento total de los acuerdos previamente firmados, así como del modelo de financiación que aún no ha sido atendido en su totalidad.
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