El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha tomado una decisión que refuerza la posición de la Universidad de Oviedo en el polémico proceso relacionado con el cierre de la Escuela de Minas. En su reciente fallo, el alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Oviedo, ratificando así la sentencia emitida en mayo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad.
Esta resolución no solo confirma lo dictado anteriormente, sino que también impone al recurrente el pago de las costas procesales. Es importante destacar que esta es la sexta sentencia favorable a la institución académica asturiana en los litigios relacionados con el traslado de los estudios mineros a Mieres, y marca un hito al ser la primera vez que se aborda específicamente el expediente de cierre, más allá del simple traslado de titulaciones.
Detalles del Fallo Judicial
En su argumentación, el Tribunal Superior señala que “los documentos que integran el expediente del procedimiento han sido publicados por la Universidad de Oviedo en cumplimiento del deber de transparencia”. Además, enfatiza que “los derechos afectados son los de la comunidad educativa”, dejando claro que las preocupaciones expresadas por los Ayuntamientos sobre posibles perjuicios o beneficios no son suficientes para cuestionar la legalidad del proceso.
Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales favorables a la Universidad, siendo la tercera emitida por este tribunal en relación con estos procesos. En menos de un mes, se había desestimado otro recurso presentado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste y una asociación local, reafirmando así la legalidad del traslado.
Contexto y Reacciones
El origen del conflicto radica en un recurso interpuesto por el Ayuntamiento tras una sentencia anterior que ya había desestimado sus alegaciones contra el traslado. Este proceso judicial ha puesto en evidencia cómo se han seguido todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo este cambio sin causar perjuicios a la ciudad.
La primera sentencia relevante fue dictada el 30 de mayo, donde se rechazó también un intento del Ayuntamiento para personarse en el expediente sobre la supresión del centro. El tribunal subrayó que no hubo irregularidades ni indefensión hacia el Consistorio, destacando que todo fue sometido a información pública.
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