La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se encuentra en proceso de actualizar su “Protocolo de prevención, detección y atención de violencias basadas en género y violencias sexuales”. Esta revisión, que incluye nuevos lineamientos para su implementación en las nueve sedes del país, es el resultado de un exhaustivo proceso de evaluación iniciado en 2021. El objetivo principal es fortalecer la prevención, clarificar procedimientos y ofrecer respuestas más integrales ante estas problemáticas sociales.
El nuevo documento, que pronto será socializado en las diferentes sedes, reconoce que las violencias basadas en género son fenómenos sociales y estructurales que requieren un enfoque comunitario. Aunque mantiene la orientación preventiva del protocolo anterior, se refuerzan aspectos clave como la formación, la atención a las víctimas y la transformación social.
La revisión del Protocolo fue impulsada por una evaluación institucional que recopiló experiencias de la comunidad universitaria. Este análisis reveló vacíos significativos en la comprensión del documento original, especialmente en lo que respecta a conceptos fundamentales como “atención” y “justicia”. Asimismo, se identificó la necesidad de reconocer nuevas formas de violencia, tales como la violencia por prejuicio y la violencia contra la mujer.
Actualización del Protocolo: Un Enfoque Integral
Para abordar estos hallazgos, se estableció una Mesa de Coordinación para la Actualización del Protocolo, compuesta por el Observatorio de Asuntos de Género y diversas direcciones nacionales. Esta mesa ha sido fundamental en la formulación de propuestas para modificar el protocolo y elaborar lineamientos coherentes con el Acuerdo 020 de 2023.
El Protocolo actualizado consta de ocho capítulos que abarcan desde conceptos generales hasta disposiciones sobre transición, seguimiento y evaluación. Incluye además una política institucional de tolerancia cero hacia las violencias basadas en género, así como derechos para las víctimas, rutas de atención y medidas para proteger a quienes denuncian.
Uno de los cambios más destacados es la ampliación de la ruta de atención, que ahora comprende siete momentos clave: activación, atención en emergencias, acompañamiento psicojurídico y sanitario, articulación con procedimientos pedagógicos y sancionatorios, seguimiento y cierre. Desde el Observatorio se enfatiza que “el documento aclara qué implica la activación de ruta y describe cómo puede actuar cualquier miembro de la comunidad universitaria al presenciar un hecho violento”.
Nuevas Estrategias para Promover Justicia Restaurativa
La actualización también introduce cinco líneas estratégicas para prevenir estas violencias: gestión del riesgo, educación para prevenir violencias, colaboración interinstitucional, comunicación efectiva para la prevención y fortalecimiento institucional.
En términos judiciales, se incorpora el “Procedimiento pedagógico alternativo”, diseñado para ir más allá del enfoque punitivo. Este procedimiento busca fomentar procesos restaurativos que reparen tanto el daño causado como el tejido social afectado. Se contempla también un acompañamiento a quienes son señalados como presuntos agresores.
Desde el Observatorio se afirma: “El Protocolo representa una apuesta institucional por fomentar una cultura universitaria reflexiva y propiciar transformaciones sociales a través del diálogo y mecanismos que eviten la repetición”.
Participación Universitaria: Un Compromiso Colectivo
Los nuevos lineamientos serán compartidos con toda la comunidad universitaria en los próximos meses. Se espera abrir espacios para el diálogo y reflexión colectiva que permitan ajustar este importante instrumento.
A partir de septiembre y octubre se llevarán a cabo jornadas de socialización en todas las sedes. Durante estas sesiones, estudiantes, docentes, colectivos administrativos e interesados podrán conocer a fondo las modificaciones realizadas al protocolo, así como expresar sus opiniones y sugerencias.
Con esta actualización, la Universidad Nacional reafirma su compromiso por construir entornos académicos seguros y libres de violencias basadas en género. La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria a participar activamente en este proceso hacia una institución más justa, equitativa y respetuosa con los derechos humanos.
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