Ministerio de Educación

Gobierno separa a 2160 docentes y administrativos por delitos graves

En un movimiento sin precedentes, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del Ministerio de Educación (Minedu), ha tomado medidas drásticas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Desde el inicio de 2023 hasta el 25 de septiembre de este año, se ha separado a un total de 2160 docentes y administrativos que enfrentan condenas o procesos judiciales por delitos graves.

Esta cifra representa un hito en la historia del sistema educativo peruano y marca un compromiso firme hacia la protección de la niñez y la juventud. Las acciones implementadas buscan salvaguardar la integridad de los estudiantes, siendo una respuesta contundente ante situaciones alarmantes.

Delitos graves que motivan las separaciones

De los separados, se reportan 1835 docentes y 325 administrativos, quienes estaban vinculados a un total de 1829 instituciones educativas públicas y 331 colegios privados. Los delitos que han motivado estas separaciones incluyen violación a la libertad sexual (1813 casos), terrorismo y apología del terrorismo (98), tráfico ilícito de drogas (95), homicidio doloso (41) y secuestro (36), entre otros.

Además, se registran casos relacionados con proposiciones a menores con fines sexuales mediante medios tecnológicos (29), proxenetismo (13) y pornografía infantil (9). La lista continúa con feminicidio, violación de la intimidad, trata de personas y otros delitos igualmente graves.

Aumento en las medidas durante 2024

A partir del 1 de abril de 2024 hasta el 25 de septiembre del mismo año, las acciones contra individuos no idóneos en el ámbito educativo se intensificaron. En este periodo, se separaron un total de 1165 personas: 1000 docentes y 165 administrativos que trabajaban en 1024 colegios públicos y 141 privados. De estos, 176 fueron apartados definitivamente mientras que 989 lo fueron de manera preventiva.

Entre los motivos para estas separaciones destacan nuevamente los delitos relacionados con violación a la libertad sexual, terrorismo, tráfico ilícito de drogas y homicidio doloso. El marco legal vigente permite estas acciones extraordinarias para proteger a los estudiantes.

Compromiso continuo del Ministerio de Educación

El ministro de Educación, Morgan Quero, reafirmó su compromiso al declarar que su gestión continuará trabajando arduamente para eliminar cualquier amenaza en las instituciones educativas. “Vamos a limpiar las escuelas de malos elementos y no permitiremos que estén cerca de nuestros niños y jóvenes; para nosotros, la seguridad estudiantil es una prioridad”, afirmó Quero.

Estas decisiones reflejan una política activa destinada a crear entornos seguros para el aprendizaje, asegurando que todos los estudiantes puedan desarrollarse sin temor alguno.