Ministerio de Educación

En un esfuerzo decidido por asegurar que las escuelas sean entornos seguros y libres de violencia, el Ministerio de Educación, bajo la dirección de la presidenta Dina Boluarte y el ministro Morgan Quero, ha tomado medidas contundentes. Entre el 1 de abril de 2024 y el 14 de agosto de 2025, se han separado a un total de 1126 personas, incluyendo 967 docentes y 159 administrativos, debido a condenas o procesos judiciales relacionados con delitos graves como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio y parricidio.

De este total, se han separado definitivamente a 170 docentes y administrativos con condenas firmes, mientras que otros 956 están en proceso judicial y han sido separados preventivamente. Es importante destacar que entre estos casos se encuentran 958 individuos (828 docentes y 130 administrativos) acusados de violación a la libertad sexual; además, hay 84 (71 docentes y 13 administrativos) involucrados en delitos de terrorismo.

Aumento en las separaciones del personal educativo

A lo largo del gobierno actual, se han bloqueado en el sistema administrativo a un total de 2389 docentes, impidiendo su contratación en colegios. Esta acción busca proteger la integridad de los estudiantes y garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros. En comparación con años anteriores, durante la gestión de Boluarte se ha registrado una separación sin precedentes de personal educativo con antecedentes penales.

"Desde el Gobierno no vamos a permitir que personas que representen un riesgo para nuestros estudiantes pongan un pie en las escuelas", declaró el ministro Morgan Quero. "Actuamos con decisión para que niños, niñas y adolescentes estudien en entornos seguros". Estas acciones son parte del cumplimiento de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias contra personal docente implicado en delitos graves.

Iniciativas adicionales en Condorcanqui

Las medidas implementadas por el Ministerio también incluyen acciones directas en diversas comunidades. En la provincia de Condorcanqui, Amazonas, se están formando redes comunitarias para proteger a los estudiantes que residen en 18 residencias estudiantiles. Este programa cuenta con la colaboración de psicólogos, abogados y educadores que supervisan su bienestar y seguridad.

Aparte del monitoreo psicológico, se han destinado más de 3.3 millones de soles para mejorar la infraestructura de estas residencias estudiantiles. Esto incluye equipamiento para dormitorios, cocinas y comedores. Además, se han invertido otros 6.7 millones de soles en seis locales educativos que benefician a aproximadamente 1453 estudiantes pertenecientes principalmente a los pueblos awajún y wampis.

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