Un reciente estudio de la Universitat de València, llevado a cabo por la profesora e investigadora Rosa Roig y la investigadora Carmen Pineda, revela preocupantes datos sobre el impacto de las catástrofes naturales en la población mayor. Las inundaciones que azotaron la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 resultaron en la muerte de 229 personas, de las cuales 105 eran mayores de 70 años, lo que equivale al 46,3% del total. Más alarmante aún es que el 7% de los fallecidos superaba los 90 años, a pesar de que este grupo representa solo un 1% de la población afectada.
Este fenómeno se traduce en una sobremortalidad significativa, tal como se detalla en el informe. La investigación destaca cómo factores estructurales e institucionales incrementan la vulnerabilidad de las personas mayores frente a fenómenos climáticos extremos. Por ello, se hace un llamado a incluir consideraciones sobre la longevidad en los planes de riesgo para garantizar una gestión más inclusiva y resiliente.
Análisis territorial y vulnerabilidad estructural
Los hallazgos sugieren que municipios como Massanassa, Valencia, Catarroja, Alfafar y Benetússer mostraron tasas superiores al 60%% de víctimas mayores en relación con el total local. Esta concentración geográfica indica una correlación entre la sobremortalidad y áreas urbanas densamente pobladas, donde las infraestructuras son inadecuadas y existe un alto nivel de envejecimiento residencial.
La publicación del estudio en el libro titulado ‘Longevidad, justicia social y políticas públicas: miradas interseccionales desde los territorios’ enfatiza que la elevada mortalidad no se debe únicamente a la fragilidad biológica. En este sentido, se subraya que la combinación de edad con factores estructurales e institucionales aumenta notablemente la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.
Puntos críticos y recomendaciones urgentes
A lo largo del estudio, se identifican varias deficiencias en los sistemas actuales. La falta de censos actualizados, protocolos diferenciados para alertas y planes específicos para evacuaciones son algunos de los elementos que contribuyeron a esta trágica situación. El informe señala que “la gestión institucional tendió a homogeneizar la respuesta”, dejando sin visibilidad las diversas necesidades del colectivo mayor.
A pesar del avance técnico en las políticas autonómicas, estas no incorporan adecuadamente una perspectiva interseccional sobre la vejez. Esto limita las capacidades comunitarias para resistir crisis y perpetúa patrones de exclusión estructural. Las autoras hacen hincapié en la necesidad urgente de realizar censos proactivos sobre personas mayores con dependencia, así como establecer protocolos diferenciados para evacuación y asistencia.
Lecciones internacionales y conclusión ética
La comparación con experiencias internacionales resalta aún más la urgencia del diagnóstico presentado. Desastres naturales ocurridos en lugares como Argentina, EE.UU., y el Caribe han demostrado ser efectivos al implementar brigadas comunitarias específicas y fomentar la participación activa de personas mayores en decisiones críticas.
Rosa Roig y Carmen Pineda, concluyen que la sobremortalidad observada durante la DANA fue tanto previsible como prevenible, reflejando una exclusión institucional persistente. Adaptar los sistemas de alerta y políticas emergentes a las nuevas realidades demográficas es no solo un desafío técnico sino también un imperativo ético hacia una justicia climática y social adecuada para toda la Comunidad Valenciana.
Más información:
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 229 |
Total de fallecidos |
| 105 |
Fallecidos mayores de 70 años |
| 46,3% |
Porcentaje de fallecidos mayores de 70 años respecto al total |
| 7% |
Porcentaje de fallecidos mayores de 90 años |
| 1% |
Porcentaje de la población afectada que supera los 90 años |
Si (
No(
