En Huelva, se firmó un convenio entre las consejerías de Universidad e Inclusión Social para coordinar el apoyo educativo a estudiantes con discapacidad en universidades andaluzas. La Universidad Pablo de Olavide liderará estas iniciativas durante cuatro años, buscando garantizar igualdad de oportunidades y mejorar la inclusión en el ámbito académico.
Esta pasada semana, en un evento realizado en Huelva, se llevó a cabo la firma de un convenio por parte de los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Este acuerdo, que involucra a las universidades públicas de Andalucía, tiene como objetivo establecer la coordinación para atender las necesidades específicas de apoyo educativo y a la discapacidad en las instituciones académicas andaluzas.
La responsabilidad de llevar a cabo estas labores recaerá en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), asegurando así que se garantice la igualdad de oportunidades para los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria que tengan alguna discapacidad.
Con el fin de alcanzar estos objetivos, se ha establecido un convenio que tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga. Este acuerdo incluye diversas acciones, como la realización de un estudio acerca de la situación actual de los servicios destinados a la atención de la diversidad funcional en las universidades públicas. Además, se implementarán líneas de trabajo colaborativas para apoyar a la comunidad con diversidad funcional, las cuales serán definidas cada año académico por la comisión de seguimiento del convenio. Este órgano estará presidido por la Consejería de Universidad y se formará dentro del mes posterior a la firma del acuerdo.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado la importancia de disponer de una universidad pública que fomente la inclusión como un paso hacia la excelencia. En este sentido, una de las prioridades del Ejecutivo autonómico se centra en "el fortalecimiento de las universidades con alma que están pegadas a su territorio y a las necesidades de las personas". Por esta razón, "se reforzará la inclusión y la atención a la diversidad funcional" mediante la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que contará con un apartado específico dedicado a la discapacidad.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha enfatizado la relevancia de acuerdos como este, afirmando que "solo sumando fuerzas lograremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva". Según el estudio llevado a cabo por la Dirección General de Personas con Discapacidad de la misma Consejería, el porcentaje de alumnado con discapacidad que se encuentra cursando estudios de grado universitario es del 1,4% del total de los estudiantes. Esta cifra se eleva al 6,3% en el ámbito de la universidad a distancia.
Frente a estas cifras, la consejera ha destacado la importancia de poner en marcha medidas de accesibilidad de diversas clases para facilitar el acceso al ámbito universitario a las personas con discapacidad y aquellas que requieren apoyo educativo específico. En este contexto, ha enfatizado que la universidad es "un instrumento fundamental" para fomentar su autonomía personal, además de contribuir a mejorar su empleabilidad. "No vamos a cejar en nuestro empeño para que las personas con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo puedan ejercer sus derechos, reciban la atención que merecen y desarrollen su proyecto de vida sin barreras", ha remarcado López.
La Universidad Pablo Olavide de Sevilla será la encargada de la coordinación de los trabajos, para lo que recibirá 8.000 euros anuales de la Consejería de Universidad
El convenio también incluye la organización de encuentros estratégicos entre los órganos encargados de la atención a la diversidad en las universidades públicas. Estos encuentros se llevarán a cabo cada curso académico, con el objetivo de planificar estrategias y formular políticas relacionadas con la diversidad.
Asimismo, se prevé la elaboración de un directorio que recopile a investigadores y grupos de investigación de las instituciones académicas públicas, cuyo enfoque esté centrado en este ámbito. La divulgación de sus trabajos se realizará mediante el uso de nuevas tecnologías.
Por otro lado, el convenio contempla la creación de un repertorio audiovisual que aborde temas de integración y diversidad funcional, el cual será desarrollado a nivel autonómico con el apoyo del tercer sector.
Respecto a la financiación de las actividades de coordinación, se destinarán anualmente 8.000 euros por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación durante los cuatro años que dure el convenio. Esta cantidad será asignada a través de una subvención nominativa para la Universidad Pablo de Olavide. Además, es importante destacar que esta suma podrá combinarse con otros tipos de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que persigan el mismo objetivo, ya sean provenientes de la propia universidad o de cualquier administración pública o privada, nacional, europea o internacional. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el total acumulado de estas ayudas no puede exceder el coste total de la actividad.
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad llevará a cabo un análisis exhaustivo sobre la situación de las personas con discapacidad en el sistema universitario andaluz. Además, proporcionará la información necesaria para asegurar el correcto desarrollo de las actividades estipuladas en este convenio y ofrecerá la colaboración técnica que se requiera para implementar las líneas de actuación establecidas. Por otro lado, las universidades públicas aportarán recursos humanos y materiales a través de sus unidades especializadas en temas de diversidad.
Si (
No(
