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Competencias universitarias

La Junta de Andalucía exige respeto a sus competencias universitarias al Gobierno central
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La Junta de Andalucía exige respeto a sus competencias universitarias al Gobierno central

viernes 09 de mayo de 2025, 12:00h

La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central que respete las competencias autonómicas en la creación de universidades, criticando un nuevo decreto que considera inconstitucional y que vulnera la seguridad jurídica. El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, argumenta que el decreto impone requisitos excesivos y limita la autonomía regional en decisiones educativas. Además, se han presentado alegaciones al borrador por considerarlo arbitrario y por no incluir a las agencias autonómicas en su regulación.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha exigido al Gobierno central que respete las competencias de Andalucía y de otras comunidades autónomas en el ámbito universitario. Esta demanda surge a raíz de la modificación propuesta del Real Decreto que regula la creación de universidades privadas. El secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, hizo estas declaraciones tras participar en la Conferencia General de Política Universitaria. En su intervención, solicitó a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que mantenga un diálogo con las comunidades sobre el proyecto de decreto, teniendo en cuenta el rechazo manifestado por varias regiones, no solo aquellas gobernadas por el PP.

Herrera advirtió que este nuevo decreto podría rozar la inconstitucionalidad en varios aspectos, ya que invade competencias autonómicas y pone en riesgo los principios de seguridad jurídica y lealtad institucional. Además, recordó que la Junta ya ha presentado alegaciones al borrador, no por los criterios utilizados por el Ministerio —que considera menos exigentes que los establecidos por Andalucía— sino porque ciertos artículos son “arbitrarios, parciales e injustos” y exceden las competencias del Gobierno central. En este sentido, subrayó que la creación de universidades es una cuestión que debe ser gestionada a nivel autonómico.

Invasión de competencias autonómicas

El secretario general desglosó varios puntos donde el borrador estatal infringe competencias autonómicas. Entre ellos se encuentran los requisitos para la creación y reconocimiento de campus que van más allá de lo permitido por la Constitución. También se exige informes vinculantes de órganos estatales para universidades online promovidas por comunidades autónomas. Asimismo, se otorgan informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) como preceptivos y vinculantes, lo cual anula la capacidad decisoria regional incluso si cuentan con sus propios organismos evaluadores.

Por otro lado, Herrera criticó la falta de lealtad institucional al utilizar un procedimiento urgente sin justificación aparente y limitar la participación pública mediante plazos muy cortos para audiencias. Desde la Consejería también se alertó sobre el incumplimiento del principio de seguridad jurídica debido a una retroactividad encubierta introducida en una disposición transitoria del decreto. Esto podría afectar iniciativas universitarias previamente aprobadas pero aún no iniciadas.

Alegaciones presentadas por la Junta

La Consejería ha formulado dos alegaciones al proyecto del decreto. La primera hace referencia al concepto de universidad con características especiales, definido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Este término estaba asociado a universidades estatales con actividad académica nacional como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Sin embargo, el nuevo decreto redefine este concepto incluyendo requisitos sobre el formato docente.

En segundo lugar, se considera contradictorio que las universidades privadas regidas por precios públicos estén exentas de cumplir con las exigencias aplicables a las universidades con características especiales. La alegación señala que si el Estado supervisa estas instituciones debido a su alcance territorial y modalidad docente, no debería renunciar a esta función simplemente porque operen bajo un sistema diferente.

Censura a los nuevos estatutos de ANECA

Finalmente, Ramón Herrera mostró su desacuerdo con los nuevos estatutos propuestos para ANECA durante la Conferencia General. Criticó que estos documentos no mencionan a las agencias autonómicas ni reconocen su valiosa labor. Además, puso en duda la independencia y profesionalidad del trabajo realizado por ANECA debido a ciertas modificaciones introducidas en el texto. Por ello, instó al Ministerio a tomar como modelo el sistema andaluz donde los criterios para seleccionar personal laboral son decididos por expertos y no por el gobierno.

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