ley de universidades

La Junta de Andalucía ha nombrado a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como coordinadora para impulsar la internacionalización del sistema universitario público andaluz. María del Mar Delgado liderará la nueva Oficina Europea de Coordinación de la Investigación en Bruselas, cuyo objetivo es fortalecer la proyección internacional de la ciencia andaluza y fomentar alianzas estratégicas en el Espacio Europeo de Investigación. Esta iniciativa se alinea con la futura Ley Universitaria para Andalucía.

Andalucía se posiciona como líder en el sistema de ayudas complementarias al programa Erasmus+, destinando 79 millones de euros desde 2019 para apoyar la movilidad internacional de 39,078 estudiantes. Este modelo, reconocido por ESN España, destaca por su enfoque inclusivo y por ofrecer un apoyo financiero significativo que varía según el país de destino y las circunstancias económicas del estudiante. La nueva Ley de Universidades garantizará esta movilidad en el futuro.

La Junta de Andalucía garantizará, a través de la futura Ley de Universidades (LUPA), que las ayudas al estudio incluyan a personas con discapacidad. Esta legislación, en tramitación, busca promover la inclusión y eliminar barreras en el acceso a la educación superior. Se ofrecerán 3.214 plazas para este colectivo y se establecerán medidas específicas para asegurar igualdad de oportunidades. Además, se fomentará la creación de una cátedra sobre discapacidad en la UNIA.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que en enero se abrirá la consulta pública para la nueva Ley de Universidades. Esta iniciativa busca organizar el ecosistema universitario regional y prevenir fluctuaciones que puedan afectar negativamente el desarrollo educativo. La ley pretende consolidar lo logrado hasta ahora en el ámbito universitario, asegurando un futuro más estable para las instituciones educativas de la comunidad.

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de Ley de Universidades (LUPA), que busca proteger el sistema universitario, aumentar derechos estudiantiles y fomentar la internacionalización. Incluye medidas para estabilizar la carrera académica, mejorar la gobernanza y establecer un modelo de financiación común para universidades públicas.