Andalucía convoca la evaluación anual de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador

La evaluación de los complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) ha sido convocada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, según lo establecido en el BOJA. Esta convocatoria marca un hito, siendo la primera que se publica bajo el nuevo modelo que fue aprobado en junio pasado por la Junta, los rectores y los sindicatos durante la reunión de la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas. Este nuevo enfoque mejora el sistema anterior y presenta como principal innovación una periodicidad anual para la evaluación y reconocimiento de esta asignación complementaria.

Los complementos autonómicos representan una forma de retribución económica que se suma al salario de los miembros de esta plantilla universitaria. Esta compensación está relacionada con las actividades que realizan en áreas como la docencia, la I+D, así como en el ámbito de la transferencia e intercambio de conocimiento e innovación, y también en cuestiones de gestión.

El objetivo del reconocimiento de estos complementos es lograr la excelencia en el desempeño profesional en cada uno de esos campos. Además, la distribución de esta remuneración se organiza en tramos, permitiendo un máximo de cinco acreditaciones según los diferentes ámbitos. En esta convocatoria, se ha decidido por parte de la Consejería de Universidad aumentar el importe a 1.800 euros anuales por cada complemento.

Según la orden emitida por la Consejería, los profesores e investigadores universitarios que deseen participar en el procedimiento tendrán un plazo que va del 17 al 30 de septiembre para presentar sus solicitudes junto con sus méritos.

Las solicitudes deben ser enviadas a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

Docencia, I+D, transferencia e intercambio de conocimiento y gestión

En términos generales, el proceso está orientado hacia el PDI asociado a las universidades públicas. A diferencia de lo que se requería en ocasiones anteriores, ahora no será necesario demostrar antigüedad alguna. Además, los profesionales que laboran en instituciones académicas públicas fuera de la comunidad también tendrán la posibilidad de participar, siempre y cuando cuenten con una antigüedad mínima continuada de dos años completos a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria.

En Andalucía, este colectivo está compuesto por cerca de 18.400 personas, quienes en su mayoría tendrán la oportunidad de beneficiarse de dicha evaluación. Esto se debe a que las bases reguladoras han ampliado las categorías de beneficiarios en comparación con el modelo anterior. Ahora, se permite la inclusión de profesores sustitutos interinos a tiempo completo, así como de profesores asociados y investigadores de excelencia.

La convocatoria clasifica a esta plantilla en cuatro categorías distintas. En primer lugar, se encuentra el personal docente e investigador a tiempo completo, que incluye a los catedráticos de universidad, así como a aquellos de escuelas universitarias, y también al profesorado titular de ambas instituciones. La segunda categoría se refiere al PDI laboral, donde se agrupan el profesorado asociado, el profesorado sustituto a tiempo completo y el personal laboral permanente a tiempo completo. En tercer lugar, se establece una modalidad específica para los investigadores doctores contratados a tiempo completo. Por último, la cuarta categoría está destinada al profesorado colaborador a tiempo completo, cuya plaza provenga de una convocatoria realizada antes del año 2013.

Es importante destacar que todos estos perfiles deben estar en situación de servicio activo, en servicios especiales o en otras administraciones públicas, así como en excedencia o en comisión de servicios en otra universidad pública dentro del sistema español.

La Consejería de Universidad ha modificado los criterios para obtener los cinco tramos reconocidos, permitiendo así que se puedan alcanzar considerando únicamente los requisitos establecidos para la docencia y la investigación, sin tener en cuenta aquellos relacionados con la gestión.

Además, se asegura que aquellos que no participen en la nueva convocatoria verán contabilizada su experiencia docente e investigadora al acceder a otras figuras.

El desempeño docente de los distintos cuerpos se evaluará mediante la medición de periodos completos de cinco años. Como referencia, se considerará la sección relacionada con el complemento específico que forma parte del salario. En este contexto, se amplían los tramos que pueden acumularse por la actividad docente, aumentando de dos a tres los establecidos anteriormente.

Además, se incrementa la valoración otorgada hasta ahora a los quinquenios, que recibirán una puntuación de 1,5 puntos en lugar de un punto. El total máximo que se podrá asignar será de seis puntos.

En relación con la investigación, así como la transferencia e intercambio de conocimiento e innovación, se establecerá una medición cada seis años, teniendo en cuenta el complemento de productividad que se añade a las retribuciones estipuladas por ley. La puntuación máxima alcanzable será también de seis puntos. Solo se podrá evaluar la actividad desarrollada después de haber obtenido la licenciatura o el grado, lo cual debe estar respaldado por un contrato de contenido científico o un nombramiento en un centro de I+D, ya sea en España o en el extranjero.

Asimismo, se considerará la I+D realizada en universidades, hospitales públicos y otras entidades del sistema sanitario. Para cada periodo de seis años, el solicitante deberá presentar cinco contribuciones correspondientes a algunos de los años incluidos en la evaluación. En este contexto, se amplían los tramos, permitiendo alcanzar hasta tres, en lugar de los dos que se ofrecían anteriormente; además, la puntuación asignada a los méritos se incrementa a seis puntos, comparado con los cuatro establecidos en convocatorias previas.

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) se encargará del análisis y evaluación de los méritos, mientras que cada universidad pública tendrá la responsabilidad de asignar la retribución correspondiente a los distintos tramos.

En el ámbito de la gestión, se evaluará el desempeño en cargos académicos, así como la participación como miembro en órganos colegiados que representan al PDI en una universidad pública dentro del sistema español. Se consideran diversos puestos de responsabilidad, entre los cuales se incluyen el rector, vicerrector, secretario general, gerente, decano de facultad, y directores de escuela y departamento.

Además, serán aceptados los cargos de vicedecano, subdirector de escuela, y secretario de centros y departamentos, así como los coordinadores de titulaciones o directores de máster y programas de doctorado. La evaluación se centrará únicamente en años completos de ejercicio en cada uno de los mencionados cargos académicos o en los órganos colegiados correspondientes.

Es importante destacar que los participantes podrán obtener un máximo de dos puntos.

Asimismo, el texto legal que fue aprobado en julio pasado y que respalda esta convocatoria, pone un cierre a una década de reclamaciones. Esto permite cumplir con el marco normativo establecido, el cual exigía que este tipo de evaluación se regulara mediante un decreto.

La gestión de esta convocatoria ha sido agilizada por la Consejería de Universidad, logrando que el proceso sea prácticamente automático y eliminando las complicadas solicitudes que caracterizaban a otros procedimientos anteriores. Asimismo, se ha establecido un plazo de seis meses para resolverla, comenzando a contar desde su publicación, con el objetivo de prevenir los retrasos que se presentaron en la convocatoria abierta en 2018.