Un reciente estudio ha puesto de manifiesto que la detención de personas en situación irregular y el retorno forzado a sus países de origen son prácticas no solo ineficaces, sino también contrarias a los derechos fundamentales. Esta investigación forma parte del proyecto europeo MORE, que se centra en las motivaciones, experiencias y consecuencias de las políticas de retorno y readmisión.
La profesora Olga Jubany, coordinadora del estudio y docente en la Universidad de Barcelona, ha liderado esta investigación que abarca siete estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Italia y Suecia, así como el Reino Unido. A través de entrevistas con diseñadores de políticas migratorias y profesionales en la aplicación de estas medidas —como jueces, agentes fronterizos y trabajadores de centros de detención— se han recopilado valiosos testimonios sobre la realidad del retorno forzado.
Las voces críticas sobre las políticas migratorias
Los entrevistados coinciden en que las medidas restrictivas actuales, como el alargamiento de los tiempos de detención, no resuelven el problema de la irregularidad; por el contrario, lo agravan. Además, subrayan que estas prácticas requieren una considerable cantidad de recursos públicos. Proponen alternativas menos severas y más efectivas, como la retirada temporal del pasaporte.
En cuanto a las deportaciones, los expertos consideran que deben ser consideradas como una medida excepcional. Alertan sobre el riesgo de que se conviertan en herramientas punitivas sin suficientes garantías legales para quienes se ven afectados. La política actual parece seguir una lógica punitiva que incrementa la precariedad e inseguridad entre las personas en situación irregular.
Conclusiones del proyecto MORE
Las conclusiones del estudio etnográfico fueron presentadas recientemente en el Parlamento Europeo. El proyecto MORE aún tiene pendiente realizar una segunda fase centrada en inmigrantes en riesgo de deportación y aquellos que les brindan apoyo. La profesora Jubany enfatiza que este proyecto surge ante la necesidad urgente de examinar críticamente las lógicas detrás de las políticas migratorias actuales.
Según ella, «el enfoque actual ha erosionado progresivamente las garantías de derechos humanos», restringiendo vías esenciales para la regularización y reforzando mecanismos cada vez más punitivos sin ofrecer soluciones estructurales efectivas para gestionar la movilidad ni reducir la irregularidad.
Si (
No(
