La ULL cierra el curso con la aprobación de varios trámites administrativos

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha llevado a cabo una sesión telemática en la que se han abordado varios asuntos de trámite, marcando lo que podría ser su última reunión del curso académico, a menos que surjan imprevistos. Durante este encuentro, se discutieron modificaciones en normativas clave que impactan diversos aspectos académicos.

Entre los temas tratados destaca la revisión del reglamento relacionado con la concesión de méritos docentes, específicamente los quinquenios, así como ajustes en la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador, presentados por el vicerrector Alfonso Ruiz.

Además, se aprobó una propuesta de la vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández, sobre las indemnizaciones para los miembros del tribunal de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y otros educadores involucrados en cursos para mayores de 25 y 45 años.

Contratos y Cátedras Institucionales

En esta sesión también se autorizó el contrato para un servicio integral de ciberseguridad, impulsado por la gerenta Lidia Pereira, iniciando así su proceso de licitación. Asimismo, se establecieron las condiciones para solicitar ayudas asistenciales destinadas a compensar gastos de matrícula para estudios universitarios y pruebas de acceso dirigidas al personal académico.

Otro aspecto relevante fue la modificación del reglamento para la creación de cátedras institucionales y empresariales, con el objetivo de simplificar procedimientos administrativos. Se aprobó también la creación de la Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-Universidad de La Laguna, sin afectar a la ya existente con Binter Sistemas, presentada por la vicerrectora Isabel León.

Por último, el secretario general Juan Antonio García informó sobre cambios en el plan antifraude institucional y sobre el nuevo reglamento regulador del canal interno de denuncias. En relación con la reciente aprobación de la Ley de Consejos Sociales, el rector Francisco García expresó su desacuerdo, afirmando que esta ley va en contra de los intereses de la universidad. Destacó el apoyo recibido por parte del Consejo Rector y otras instituciones académicas en su rechazo a esta normativa.