Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), participó en un significativo conversatorio en la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México (CDMX). Durante este encuentro, se abordaron experiencias de defensa a la biodiversidad por parte de representantes de diversas comunidades. La mesa formó parte del evento titulado «Reflexiones de las opiniones consultivas de Tribunales Internacionales y Regionales: Obligaciones de los Estados y cambio climático».
La académica, quien también forma parte de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres, moderó la discusión centrada en las opiniones consultivas que han sido presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es que las comunidades puedan evitar o suspender la extracción de recursos en sus territorios.
Durante el conversatorio, se tocaron temas cruciales como la protección del medio ambiente frente a las industrias extractivas y el papel de la democracia representativa en la salvaguarda del agua para las generaciones futuras. Además, se destacó la necesidad urgente de que más Estados incluyan los derechos de la naturaleza en sus Constituciones y consideren los desplazamientos forzados derivados del cambio climático.
Llamado a los Gobiernos para Cumplir con sus Obligaciones Ambientales
Los participantes también discutieron sobre el papel fundamental que desempeñan los abogados ambientales en la construcción de futuros sostenibles. Se enfatizó la importancia de realizar estudios de impacto ambiental adecuados al llevar a cabo proyectos de desarrollo. Asimismo, se mencionó la relevancia del acompañamiento legal accesible para las comunidades y el apoyo político y social necesario para exigir a los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
Astrid Puentes Riaño subrayó que todos los Estados tienen la responsabilidad de controlar y monitorear las actividades tanto de empresas privadas como estatales. Esto es esencial para asegurar que desarrollen proyectos respetuosos con los derechos ambientales y promuevan una alimentación saludable.
La relatora hizo hincapié en que es vital que la sociedad se organice y participe activamente, especialmente en un contexto donde México enfrenta una crisis hídrica, caracterizada por inundaciones y sequías provocadas por una planificación deficiente. En este sentido, destacó que es necesario optimizar el uso del agua priorizando los derechos humanos, ya que actualmente hay proyectos que demandan grandes cantidades del recurso vital mientras muchas personas carecen del mismo en sus hogares.
Texto y fotos: Luis Reyes
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