Más de 200 juristas se reúnen en Madrid para debatir sobre gestión pública

Más de 200 juristas se han congregado en la Comunidad de Madrid para participar en las jornadas tituladas Abogacía y gestión pública, un evento organizado por la Abogacía General en la Fundación Canal. Desde su inicio, las diversas ponencias y mesas redondas han propiciado un espacio de reflexión y debate sobre los principales desafíos que enfrenta la gestión pública en la actualidad.

El encuentro ha sido clausurado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien destacó la importancia crucial de la abogacía pública en el contexto actual. “La abogacía pública es hoy más necesaria que nunca”, afirmó durante su intervención. García Martín subrayó que “los letrados autonómicos son los guardianes del principio de legalidad” y enfatizó su papel como garantes de que la acción pública se ajuste al Derecho y al interés general.

Reflexiones sobre el papel del abogado público

El consejero también hizo hincapié en que el trabajo realizado por estos profesionales, aunque a menudo discreto, es fundamental para mantener el edificio del Estado de derecho. “Vuestro trabajo sostiene día a día el funcionamiento del sistema legal”, concluyó García Martín, resaltando así el valor del compromiso y dedicación de los juristas presentes.

Las jornadas no solo han servido como plataforma para discutir temas relevantes, sino que también han permitido a los asistentes intercambiar ideas y experiencias sobre cómo mejorar la gestión pública desde una perspectiva legal. Este tipo de encuentros resulta esencial para fortalecer los vínculos entre la abogacía y las instituciones públicas.

Un espacio para el diálogo y la colaboración

A lo largo del evento, se abordaron diferentes aspectos relacionados con la abogacía y su impacto en la administración pública. Las mesas redondas incluyeron debates sobre ética profesional, innovación en el ámbito jurídico y las nuevas exigencias que enfrentan los abogados en un mundo cada vez más complejo.

Con este tipo de iniciativas, la Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con la formación continua de los profesionales del derecho, buscando siempre mejorar la calidad del servicio público a través de un marco legal sólido y actualizado.