La Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han solicitado una revisión de la Ley 3/2025, que regula el funcionamiento de los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias. Esta petición surge tras la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a instancias de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Las universidades canarias buscan aclarar aspectos técnicos relacionados con competencias. En particular, el recurso plantea interrogantes sobre el régimen de titulaciones oficiales, la admisión y permanencia de estudiantes, así como otros temas relevantes como las retribuciones del personal investigador y el acceso a datos personales en los archivos universitarios.
Cuestiones Técnicas en Debate
Los rectores han comunicado a los grupos parlamentarios sus razones para acudir al Defensor del Pueblo. En su declaración, enfatizan que esta acción no busca cuestionar la legitimidad del Parlamento de Canarias ni la importancia de los Consejos Sociales como órganos participativos en el ámbito universitario. “Mantenemos una relación leal y colaborativa con ellos”, subrayan.
Entre las cuestiones que requieren aclaración se encuentra la atribución al Consejo Social de funciones decisorias o informes previos vinculantes, lo cual excede su naturaleza como órgano social. También se señala la creación de estructuras que podrían situarse por encima de los órganos de gobierno universitario, así como la introducción de autorizaciones previas en materia económica que afectarían la planificación financiera y ejecución ágil de proyectos académicos.
Llamado a la Seguridad Jurídica
Ciertas disposiciones parecen entrar en conflicto con la normativa estatal básica sobre organización universitaria y distribución de competencias. Por ello, se considera necesario solicitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que brinde seguridad jurídica al sistema.
"Queremos reiterar", afirman los rectores, "que esta actuación no altera nuestra voluntad de diálogo ni nuestra colaboración con los Consejos Sociales, el Parlamento y el Gobierno de Canarias". Aseguran que seguirán trabajando con lealtad institucional y al servicio de la sociedad, respetando siempre la legislación vigente y cualquier resolución futura del Tribunal Constitucional.
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