El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2025, que regula el funcionamiento de los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias. Esta acción se produce a instancias de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con el respaldo de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo es esclarecer diversas cuestiones técnicas relacionadas con competencias específicas.
El recurso plantea interrogantes legales sobre varios aspectos de la ley, incluyendo el régimen de titulaciones oficiales, la admisión y permanencia de estudiantes, así como la transferencia de conocimiento y retribuciones del personal investigador. También se cuestiona el acceso a datos personales en los archivos universitarios.
Dudas sobre funciones y estructura
Los rectores han comunicado a los grupos parlamentarios las razones que les llevaron a acudir al Defensor del Pueblo. En su declaración, enfatizan que esta decisión no busca poner en tela de juicio la legitimidad del Parlamento de Canarias para legislar dentro de sus competencias ni restar importancia a los Consejos Sociales como órganos clave en la participación social en el ámbito universitario. “Mantenemos una relación leal y colaborativa con ellos”, subrayan.
Entre los aspectos técnicos que requieren aclaración se encuentra la atribución al Consejo Social de funciones decisorias o informes previos vinculantes que superan su naturaleza como órgano participativo. Además, se menciona la creación de estructuras que podrían colocarse por encima de los órganos de gobierno universitario y la introducción de autorizaciones previas en materia económico-presupuestaria, lo cual impactaría negativamente en la planificación financiera y en la ejecución ágil de proyectos académicos e infraestructuras.
Colisión normativa y diálogo institucional
Algunas disposiciones también parecen entrar en conflicto con la normativa estatal básica sobre organización universitaria, distribución de competencias y régimen del personal. Por ello, consideran necesario solicitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que garantice seguridad jurídica al sistema educativo.
“Queremos reiterar” –afirman los rectores– “que esta actuación no altera nuestra voluntad de diálogo ni nuestra colaboración con los Consejos Sociales, el Parlamento y el Gobierno de Canarias”. Las universidades públicas canarias continuarán trabajando con lealtad institucional y al servicio de la sociedad, cumpliendo plenamente con la legislación vigente y acatando cualquier resolución futura del Tribunal Constitucional. Quedan a disposición de los parlamentarios para cualquier aclaración necesaria.
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