Andalucía presenta 188 nuevas titulaciones académicas para el curso 2025/2026, con un enfoque en la investigación y la innovación

La planificación de títulos, según ha señalado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, asegura que las universidades públicas andaluzas puedan competir en condiciones de igualdad dentro del sistema. Durante la inauguración del curso académico 2024-2025 en la Universidad de Sevilla (US), la viceconsejera de este departamento, Lorena Garrido, enfatizó la importancia de esta institución en el ámbito de la investigación, destacando proyectos como el Tokamak en el campo de la fusión nuclear.

La nueva programación académica, que incluye un total de 188 titulaciones para las instituciones públicas, comenzará a ser impartida desde el curso 2025/2026. De estas titulaciones, 25 pertenecen a la Universidad de Sevilla. Este cambio permitirá una reorientación del actual mapa educativo hacia una oferta más racional, considerando tanto la estructura socioeconómica del territorio como su tejido productivo.

Según la viceconsejera, la organización de las titulaciones es una de las políticas más significativas en las que se fundamenta la reforma universitaria llevada a cabo por el Ejecutivo autonómico en los últimos dos años.

Además de las medidas reformistas, se destaca también la consolidación de las condiciones laborales y salariales para el personal docente e investigador, así como para el equipo de gestión y administración en las universidades. Esta mejora impactará positivamente a aproximadamente 30.000 profesionales en toda Andalucía.

Durante este periodo, un nuevo modelo de financiación para el sistema público ha sido aprobado y puesto en marcha por la Junta, alcanzando en 2024 una cifra récord de 1.685 millones. Esta cantidad se verá incrementada hasta los 1.777 millones al añadir diversas partidas adicionales. Se ha enfatizado desde la Consejería que "el nuevo instrumento de distribución y gestión de recursos se ha acordado desde el diálogo y el entendimiento con toda la comunidad universitaria". Además, se ha explicado que los contratos programas que se están estableciendo con las universidades ayudarán a la armonización del sistema.

En otro orden de ideas, la primera comunidad en hacerse cargo del coste de la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes universitarios que lleven a cabo sus prácticas en la Administración y sus entidades asociadas ha sido Andalucía.

En el ámbito legislativo, se prevé que la Consejería apruebe durante este curso académico la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA). Respecto a la LUPA, esta norma fue enviada en agosto a las demás consejerías con el propósito de recibir aportaciones, buscando así iniciar lo más pronto posible los trámites legales necesarios antes de su presentación en el Parlamento.

Asimismo, en su intervención, la viceconsejera destacó que el Gobierno autonómico seguirá asegurando la igualdad de oportunidades para los estudiantes a través de políticas en educación superior. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran la bonificación de matrículas por rendimiento y el aumento del complemento autonómico al programa Erasmus+. "Este es un programa tan valorado por los estudiantes", añadió.

En el ámbito de la I+D, se ha destacado el compromiso financiero de la Consejería de Universidad, que asciende a 134 millones, para apoyar la investigación en la comunidad. De esta cantidad total, ya se han lanzado programas por un valor de 63 millones con el objetivo de fomentar la formación y el desarrollo profesional del talento investigador, así como para impulsar proyectos de I+D. Actualmente, estas subvenciones están en proceso de análisis de solicitudes.

Los restantes 71 millones se destinarán a nuevas convocatorias que tienen como finalidad promover la transferencia de conocimiento, adquirir instrumentación científica, potenciar los campus de excelencia y establecer unidades dedicadas a la investigación competitiva y a la excelencia investigadora.

De igual manera, la Consejería ha destacado el cambio significativo realizado en el sistema de ayudas, al reducir "considerablemente" la burocracia. En este contexto, se ha señalado que "se han simplificado en más de un 95% las exigencias y trámites administrativos en el caso de las subvenciones de recursos humanos".

En este capítulo, se destaca la Universidad de Sevilla por su compromiso con la excelencia, evidenciado a través de proyectos notables como el Tokamak. Este proyecto tiene como objetivo convertir la fusión en una fuente de energía comercial, limpia e inagotable en las próximas décadas. Además, es importante mencionar las iniciativas de investigación que realizan los científicos formados en las aulas de la US, enfocadas en desarrollar terapias contra el cáncer.

Durante su intervención, Lorena Garrido subrayó la importancia de la investigación realizada por la Universidad de Sevilla en el ámbito aeroespacial. Además, resaltó su habilidad para crear empresas de base tecnológica que impactan en el sector de la defensa. "Se trata de dos áreas claves para el desarrollo económico andaluz que reforzaremos desde la Consejería de Universidad con políticas, iniciativas y programas de incentivos para la innovación", ha matizado.

En el ámbito del emprendimiento, se ha anunciado desde la Consejería que, antes de que concluya este año, cada institución académica pública dispondrá de un centro andaluz de emprendimiento (CADE). Esto se enmarca dentro del Plan de Actuación de Fomento del Emprendimiento en el sector universitario.
“El objetivo pasa por impulsar la creación de empresas que estén basadas en la innovación y el conocimiento, contribuyendo con ello a la configuración de un tejido productivo más competitivo y sostenible”, se ha puntualizado.

Este enfoque se complementa con un apoyo financiero que asciende a tres millones en incentivos, destinados a fomentar la cultura emprendedora, así como a respaldar la actividad de las aceleradoras y startups. Además, se implementarán otras iniciativas, como la creación de una red compuesta por ocho comisiones provinciales de emprendimiento, cuyo propósito es potenciar este tipo de actividades en los distintos municipios de la región y facilitar la coordinación entre todos los agentes involucrados.