El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha expresado su rechazo en una reciente comisión parlamentaria a lo que considera una “discriminación” hacia Andalucía en el contexto de la modificación del Real Decreto que regula la creación de universidades. Según Villamandos, esta situación es consecuencia de la “deriva independentista” del Gobierno de Pedro Sánchez. El País Vasco ya ha manifestado su oposición al decreto, argumentando que invade competencias autonómicas, un argumento que también comparten otras comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Andalucía.
Villamandos ha calificado el decreto como “arbitrario, parcial y profundamente injusto”, advirtiendo que representa una intromisión en las competencias autonómicas y vulnera los principios de lealtad jurídica e institucional. En su intervención, subrayó que tras haber promulgado un decreto hace cuatro años y una ley hace dos, el Gobierno ahora presenta un nuevo texto que podría ser considerado inconstitucional. Este nuevo decreto establece requisitos para la creación y reconocimiento de campus que exceden las bases estatales permitidas por la Constitución.
Críticas a la Injerencia del Gobierno
El consejero también destacó que el Real Decreto otorga a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) un carácter preceptivo y vinculante. Esto anula la capacidad de decisión de las comunidades autónomas, incluso si estas cuentan con sus propios organismos evaluadores. Villamandos enfatizó que esta medida constituye una clara intromisión en las competencias regionales sobre la creación de universidades públicas y privadas.
Además, criticó al Gobierno por presentar un decreto que retoma el argumento recurrente sobre la privatización de las universidades. A pesar de presentarse como garante del control y calidad universitaria, exime a las universidades privadas bajo regímenes de precios públicos de ciertos requisitos relacionados con el personal docente. También introducirá nuevos criterios como un número mínimo de estudiantes o porcentajes específicos para captar fondos aplicables a proyectos ya en marcha sin establecer un régimen transitorio adecuado para quienes ya habían adquirido derechos previos.
Alegaciones Presentadas por Andalucía
La Consejería ha presentado dos alegaciones al proyecto del decreto. La primera se refiere al concepto de universidad con especiales características, definido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esta definición se asocia a universidades estatales con actuación académica nacional, como la UNED o la UIMP. Sin embargo, el cambio propuesto redefine este concepto al incluir no solo el alcance territorial sino también el modelo docente, exigiendo más del 80% de actividad virtual o híbrida para titulaciones oficiales.
En segundo lugar, se considera contradictorio que se exima a las universidades privadas bajo sistema de precios públicos de cumplir con los mismos requisitos establecidos para aquellas con especiales características. La alegación resalta que si el Estado supervisa estas universidades debido a su alcance académico y modalidad docente, no debería renunciar a esa función simplemente porque operen bajo precios públicos.
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