universidades publicas

La Junta de Andalucía ha autorizado la verificación de 69 de las 188 nuevas titulaciones universitarias que se implementarán entre 2025 y 2028. Esta decisión, basada en informes previos que evalúan su viabilidad académica y social, incluye 17 grados, 39 másteres y 13 doctorados. Las universidades deben demostrar la inserción laboral y la calidad de sus programas, asegurando una oferta educativa actualizada tras años de estancamiento en el sistema público.

La Junta de Andalucía y diez universidades públicas han lanzado la Red de Cátedras en Economía Social, una iniciativa que busca fortalecer la formación de postgrado y fomentar la investigación en este sector. Este proyecto, parte del Plan Estratégico PIMESA, cuenta con un presupuesto inicial de 10,83 millones de euros y tiene como objetivo impulsar el conocimiento y visibilidad de la economía social en la comunidad autónoma.

El Informe CYD 2024 analiza la financiación y características del personal docente en universidades españolas. Destaca que España invierte menos en educación superior que la media de la OCDE, con un aumento en ingresos y gastos. También resalta la precariedad laboral del personal y la baja representación femenina en cargos académicos.

Diana Morant ha firmado el convenio del 'Programa María Goyri', que financiará la incorporación de 1.091 profesores/as ayudantes doctor en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. El Gobierno destinará 170 millones de euros para 656 plazas, mientras que la Comunidad aportará 112 millones para 435 más. Este programa busca reducir la temporalidad y precariedad en el profesorado universitario, mejorando así la calidad educativa y la investigación en España.

Los rectores de las Universidades Públicas de Andalucía han solicitado la intervención directa del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ante el riesgo de un recorte unilateral en la financiación estructural de 50 millones de euros. Denuncian que una propuesta reciente de 21 millones es insuficiente y advierten sobre posibles acciones legales si no se cumplen los acuerdos firmados. La situación financiera para 2025 se prevé aún más crítica, con un déficit de 87 millones.

Las Universidades Públicas de Andalucía han denunciado la falta de transferencia de financiación adicional por parte de la Junta, necesaria para cumplir acuerdos firmados en junio. Además, se adeudan 25 millones de euros correspondientes al modelo de financiación. La Consejería ha indicado que trabaja en una solución para el ejercicio 2024 y se espera anunciar resultados en una rueda de prensa el 10 de diciembre.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha firmado un acuerdo con 16 Comunidades Autónomas para implementar el 'Programa María Goyri', que creará 4.480 plazas de profesor/a ayudantes doctor en universidades públicas. Este programa busca rejuvenecer las plantillas docentes y combatir la precariedad en el sistema universitario español, financiando más de 5.600 plazas en total durante seis años, con una inversión superior a 900 millones de euros.

Los rectores de las seis universidades públicas de Madrid se reunieron con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para discutir la financiación del año 2025. La Comunidad de Madrid anunció un aumento del 4,2% en su aportación económica, equivalente a 47,3 millones de euros. Sin embargo, los rectores consideran que esta cifra es insuficiente para asegurar la sostenibilidad de las instituciones y expresaron su disposición a colaborar en soluciones más amplias para mejorar la educación superior y la investigación.

Los rectores de las universidades públicas de Andalucía se reunieron en Cádiz para discutir la financiación del sistema educativo. A pesar del anuncio de la Junta sobre el pago de compromisos de 2024, persiste la preocupación por la falta de 87 millones en los presupuestos de 2025, lo que podría afectar gravemente la ejecución presupuestaria y el mantenimiento del sistema universitario. Los rectores esperan que se cumplan los acuerdos establecidos para evitar mayores complicaciones.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha aprobado una Carta Abierta y un Comunicado en colaboración con todas las universidades públicas de Madrid, dirigidos a la presidenta de la Comunidad. Estos documentos abordan la situación de la financiación universitaria, destacando la importancia del apoyo gubernamental para garantizar la calidad educativa y el desarrollo académico en la región.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha firmado un acuerdo con 16 Comunidades Autónomas para implementar el 'Programa María Goyri', que creará 4.480 plazas de profesor/a ayudantes doctor en universidades públicas. Este programa busca rejuvenecer las plantillas docentes y combatir la precariedad en el sistema universitario español, con una inversión total de más de 900 millones de euros durante seis años.

La Universidad de Alcalá ha sido reconocida con tres estrellas por la Fundación Haz en su informe de transparencia 2024, destacándose como una de las universidades más transparentes de España. Cumple con la mayoría de los indicadores evaluados, aunque presenta un cumplimiento parcial en el área de responsabilidad de compliance. El informe resalta la claridad en la publicación de información económica y sobre recursos humanos, así como avances en rendición de cuentas.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se posiciona entre las tres universidades más transparentes de España, alcanzando un 97% de cumplimiento en indicadores de transparencia, por encima del 88% promedio de las universidades públicas. Este avance se refleja en la obtención del sello de máxima transparencia y en la mejora continua en la publicación de información relevante, destacando el compromiso con la rendición de cuentas frente a la opacidad en el sector privado universitario.

La Universidad Pablo de Olavide fue el escenario de la primera reunión de la comisión que supervisa el convenio entre diversas consejerías y universidades andaluzas, enfocándose en la Atención a la Discapacidad y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Se destacó la importancia de colaborar entre instituciones para unificar criterios y compartir buenas prácticas, además de realizar un diagnóstico inicial sobre los servicios disponibles en cada universidad.