El Informe CYD 2024, elaborado por la Fundación CYD, se considera el documento de referencia sobre las universidades en España. Este informe realiza un análisis exhaustivo de la financiación de las universidades españolas, comenzando por comparar la situación de España con la de otros países miembros de la OCDE en cuanto al gasto destinado a la educación superior. Posteriormente, se examina la evolución y composición de los ingresos y gastos no financieros de las universidades públicas presenciales.
Asimismo, en este primer capítulo del Informe CYD 2024, se estudian las características del personal docente e investigador (PDI), poniendo énfasis en aspectos como el género, la edad, la estabilidad laboral y su evolución a lo largo de los últimos años.
Se ha observado un incremento notable tanto en los ingresos como en los gastos de las universidades públicas españolas. La inversión en educación superior que realiza España se encuentra por debajo del promedio a nivel internacional.
De acuerdo con el informe Education at a Glance 2024, la inversión en educación superior en España se encuentra por debajo de la de otros países. En concreto, el gasto total por estudiante en las instituciones de educación superior en España durante 2021 fue de 15.654 dólares, lo que representa un 23,6% menos que la media de la OCDE (que es de 20.499 dólares) y un 21,8% inferior al promedio de la UE (que asciende a 20.027 dólares). En este contexto, España ocupaba el decimotercer puesto más bajo entre los 38 países analizados, mientras que los líderes de esta lista eran Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Noruega.
En este contexto, el Informe CYD 2024 destaca que, durante el año 2021, el 67% del gasto total destinado a instituciones de educación superior en España fue financiado por el sector público. Por otro lado, el sector privado aportó un 31% de los fondos, cifra que supera al 28% registrado en la OCDE y al 20% de la UE.
Al analizar el gasto público en educación superior en relación con el gasto público total, se puede observar que este indicador muestra la prioridad que las administraciones públicas conceden a la educación superior frente a otros sectores y niveles educativos. En el caso de España, este porcentaje se sitúa en un 2,19%, lo que representa una cifra inferior al promedio de la OCDE, que es del 2,72%, así como también por debajo del promedio de la UE, que alcanza el 2,44%.
En el año 2022, las universidades públicas presenciales en España reportaron un total de ingresos no financieros que alcanzó los 11.358 millones de euros. Por otro lado, los gastos no financieros se situaron en 10.869 millones de euros. Estas cifras reflejan un notable aumento en comparación con el año anterior, con incrementos del 8% y del 7,2%, respectivamente.
Al comparar estos valores con los del año 2009, se observa que los niveles de 2022 son aproximadamente un 12% más altos. Sin embargo, al considerar el aumento de precios del 26,3% entre 2009 y 2022, se evidencia que, en términos reales, estos ingresos y gastos aún están por debajo, alrededor de un 14%.
Durante el año 2022, las transferencias corrientes representaron el 65,7% de los ingresos no financieros del sistema universitario público presencial en España. Por otro lado, las transferencias de capital alcanzaron un 17,8%, mientras que las tasas, precios públicos y otros ingresos constituyeron el 16%. Aproximadamente el 80% de estas transferencias provenía de las administraciones autonómicas. En cuanto a la recaudación por tasas, precios públicos y otros ingresos, un 75% se atribuyó a las matrículas abonadas por estudiantes y sus familias. En relación con los gastos no financieros, la mayor parte, es decir, el 65,1%, correspondía a los gastos de personal.
Desde mayo de 2010, la crisis de la deuda soberana ha llevado a la implementación de recortes que han provocado una brecha en unos presupuestos universitarios que ya eran insuficientes. Esta problemática no ha sido superada en los últimos años. Según Montse Álvarez, del gabinete técnico de la Fundación CYD, “resulta imprescindible un esfuerzo adicional no solo para recuperar el terreno perdido sino también para alcanzar niveles comparables a los estándares internacionales”. Además, la LOSU reconoce esta falta de financiación al establecer como objetivo alcanzar un mínimo del 1% del PIB en financiación pública.
Las universidades públicas de La Rioja, Navarra y el País Vasco se destacan por ser las que reciben la mayor transferencia tanto corriente como de capital procedente de su administración autonómica.
Durante el ciclo académico 2022-2023, las universidades públicas que recibieron las mayores transferencias corrientes y de capital por alumno de su administración autonómica fueron las de La Rioja (9.689€), Navarra (9.210€) y el País Vasco (9.065€). En contraste, los índices más bajos se observaron en Murcia (6.267€), Cataluña (5.599€) y Madrid (5.362€).
A la hora de analizar el porcentaje del PIB per cápita, que refleja el nivel de riqueza de cada región, se evidenció que tanto Madrid (13,9%) como Cataluña (17,2%) presentaron valores notablemente bajos. Por otro lado, las comunidades con los porcentajes más altos fueron la Comunidad Valenciana (34,1%), Extremadura (33,4%) y La Rioja (32,8%).
En cuanto a las recaudaciones más altas por precios públicos por alumno, se observaron en las universidades públicas de Madrid (1.620€), Cataluña (1.508€) y Aragón (1.302€). Por el contrario, las cifras más bajas correspondieron a Andalucía (815€), Canarias (776€) y Galicia (738€). En términos del porcentaje del PIB per cápita, los valores varían desde menos del 3% en Galicia y el País Vasco, hasta más del 4,5% en regiones como Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Cataluña.
El incremento del PDI en las universidades privadas ha sido notable, y se observan diferencias significativas en comparación con el PDI de las instituciones públicas.
La inestabilidad del PDI en las universidades públicas ha aumentado. Álvarez señala: “Las políticas de austeridad, las restricciones presupuestarias, así como las limitaciones a la tasa de reposición del personal de la década de 2010 provocaron que el peso relativo de los funcionarios retrocediera y que aumentara la precariedad del PDI en las universidades públicas, además de acelerar el proceso de envejecimiento de la plantilla.”
Durante el año académico 2022-2023, el número de trabajadores del PDI en las universidades de España alcanzaba los 137.090. De este total, un 18,5% correspondía a instituciones privadas. Desde el curso 2018-2019, ha habido un notable crecimiento del PDI en las universidades privadas, con un aumento del 26,4%, mientras que en las universidades públicas la cifra ha crecido solo un 6%.
En comparación con las universidades públicas, las universidades privadas muestran una mayor presencia de mujeres en su PDI (47% frente al 43,5%). Además, un porcentaje más alto de PDI trabaja a tiempo parcial en estas instituciones (60% en contraste con el 40%). La estabilidad laboral también es superior: un 82,4% del PDI cuenta con contrato indefinido, mientras que solo el 37,2% de los funcionarios y el 15,4% del personal con contrato indefinido pertenecen a las universidades públicas.
Entre los años 2013-2014 y 2022-2023, se ha observado una disminución del 11,7% en el número absoluto de PDI funcionario. En contraste, el PDI contratado ha experimentado un notable aumento del 36,7%. Como resultado, la proporción de funcionarios en el conjunto del profesorado de las universidades públicas ha disminuido más de 10 puntos.
Es fundamental atraer talento y asegurar un relevo generacional.
Un total de 24.823 docentes se retirarán en la próxima década, lo que representa el 18,1% del personal docente e investigador (PDI) del sistema universitario en España.
Finalmente, el Informe CYD 2024 destaca que la representación de las mujeres disminuye a medida que se avanza en la carrera académica. Actualmente, ellas constituyen únicamente el 27,4% de los catedráticos universitarios, en comparación con el 44,2% del total del Personal Docente e Investigador (PDI). Además, su presencia es notablemente baja en áreas como la informática, donde representan solo el 19,9%, y en las ingenierías, con un 25,3%.
Es esencial que las universidades mantengan el talento y capten a profesores internacionales para conseguir una plantilla renovada y competitiva. Para alcanzar este objetivo, deben proporcionar condiciones laborales adecuadas. No obstante, la autonomía en la gestión del personal docente es limitada en las universidades públicas, ya que no tienen la capacidad de decidir sobre aspectos como la contratación, los salarios, los despidos o las promociones. Además, su funcionamiento depende del aumento en la financiación pública para poder crear nuevas plazas”, explica la representante del gabinete técnico de la Fundación CYD.
En las universidades públicas, la edad media del PDI se sitúa en 50,3 años, mientras que en las privadas es de 45,6 años. En general, el promedio para el PDI del conjunto del SUE es de 49,5 años. En lo que respecta a la universidad pública, los funcionarios presentan una edad media que supera los 55 años (con un promedio de 59 años para los catedráticos). Se anticipa que durante la próxima década se retiren 14.132 funcionarios, lo que representa el 34% del total; entre ellos, se encuentran 6.237 catedráticos, casi la mitad de los actuales.
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